“El gobierno debe proveer a estos trabajadores productos de la canasta alimentaria para su distribución”, propuso Gerardo Poveda (Asociación de Trabajadores Emprendedores y Microempresarios).
Por Carlos Díaz
Los trabajadores de la economía informal que laboran en los mercados a cielo abierto y en la calle consignarán un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia en contra del decreto presidencial 1.348 el cual les prohíbe la venta de productos regulados, informó Gerardo Poveda, vocero de la Asociación de Trabajadores Emprendedores y Microempresarios.
“Es un decreto desafortunado porque acusa a los trabajadores como parte de una mafia financiera que conspira contra el gobierno”, expresó en entrevista con “La Razón”. “Esto es un error”, enfatizó.
“La mitad de la población laboral subsiste gracias a la economía informal. Son más de seis millones de personas, es decir, el cuarenta y seis por ciento de la fuerza laboral de Venezuela”, explicó.
No son mafiosos tal y como dice el decreto sino la solución al problema del desempleo, resaltó Poveda. “Así lo presenta el propio gobierno cuando en el exterior afirma que el desempleo es de seis por ciento porque el cuarenta por ciento de la fuerza laboral está en la economía informal”, agregó.
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“El pueblo nos apoya”
Ismael García, coordinador de los mercados a cielo abierto en Miranda, expresó que el Presidente Maduro debe rectificar el decreto. “Los mercados solidarios nacieron en 1989 debido a la necesidad de distribuir alimentos luego del Caracazo. Salimos a organizar a trabajadores de Mérida, Táchira, Lara y Aragua para solucionar la problemática que se presentó en ese momento con la distribución de la comida”, señaló.
García rechazó que se les califique de “mafiosos”. “La mayoría es gente honrada y decente que merece todo el respeto”, dijo. “En los mercados solidarios hay profesionales diversos tales como médicos, ingenieros, abogados, contadores públicos y muchos más. Solo somos trabajadores y queremos seguir llevándole los productos de primera necesidad al pueblo que hoy nos apoya”, agregó.
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¿Cuáles son los productos restringidos por el decreto?
— Los alimentos de la cesta básica, productos de belleza y de limpieza, herramientas de aluminio y acero, por ejemplo, cortaúñas, tijeras, alicates martillos. Nos prohíben vender papa, tomate, cebolla, lo que más busca la gente cuando va al mercado. Todo esto significa más del sesenta por ciento de nuestra venta. El decreto tampoco es claro sobre las medicinas, nos preguntamos si también se incluyen el alcohol, gasas y curitas.
SON CASTIGADOS Y EXCLUIDOS
¿Cómo son afectados a los comerciantes informales?
— Este decreto excluye a estos trabajadores como actores económicos. Si ya existe una regulación con la Ley de Costos y Precios Justos entonces es menester que se publique un decreto sobre esa materia. Por tanto, el único objetivo es excluir a estos trabajadores como actores económicos y sujetos susceptibles para ser sancionados.
¿Se establece algún tipo de penalización en caso de infringir lo establecido en el decreto?
— Los trabajadores serán penalizados con el decomiso de su mercancía, suspensión de la licencia y multas de hasta cincuenta mil unidades tributarias –y son trabajadores humildes que no tienen capacidad para pagar esto-. También serán castigados con prisión de dos a catorce años. Es decir, son considerados para ser objeto de sanciones pero se les excluye como actores económicos.
¿Por qué los buhoneros revenden por el triple o hasta más del precio regulados muchos productos que escasean en los mercados y farmacias?
— Con este decreto el gobierno no cumple con su obligación de proveer a estos trabajadores productos de la canasta alimentaria para su distribución. Lo razonable es que puedan venderlos al igual que los grandes supermercados tales como Central Madeirense. Esto cumpliría con la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de iniciar un proceso de formalización de este tipo de trabajadores. Un primer paso en esta dirección es que el Estado les provea dichos productos para su venta.
ALIMENTOS FUERA DE LA RUTA
¿Por qué los comerciantes informales venden productos de la canasta alimentaria por encima de los precios regulados?
— Esa es una investigación que le corresponde al gobierno. La distribución de los alimentos está centralizada por el gobierno nacional. Si esos productos no están circulando por las rutas aprobadas, entonces, algo está funcionando mal. Esto, además, ocasiona aumentos acumulativos de precios que se recargan cuando llega a manos del comerciante informal. Este último es a quien le toca darle la cara al comprador final. Es una deformación de fondo que corresponde a una insuficiencia de las políticas públicas sobre esta materia. Las consecuencias no deben pagarlas los comerciantes informales.
¿Los buhoneros contribuyen con la escasez y la especulación?
— Hay insuficiencia de productos en el mercado y una de las causas de que suba la inflación es la poca oferta. Son muchos bolívares persiguiendo pocos bienes y esto solo se puede revertir a través de una mayor producción. La insuficiencia de productos ha originado el surgimiento de diversos delitos que solo se observan en este tipo de economías improductivas. Esta es la raíz del problema y el reto del gobierno es elevar los bienes y servicios.
¿Los militares son quienes distribuyen en la economía informal los productos muy por encima de su precio?
— No me consta que la distribución de alimentos esté en manos de los militares. Pero sí hay desvío de mercancía aunque ya tengan una ruta fijada (guía Sada) por el Ministerio de Alimentación. Esto no se está cumpliendo rigurosamente porque se observa que aparecen alimentos que están fuera de la ruta preestablecida.
¿Cuántas personas extranjeras y nacionalizados trabajan en la economía informal tomando en cuenta la propuesta de quitarle la nacionalidad venezolana a quienes incurran en delitos?
— En el decreto no se refiere sobre las personas extranjeras, en todo caso, tendrían que remitirse a la ley de nacionalización. Ya existe una legislación para eso y si van a sancionar de esa manera habría que realizar una reforma. Es una medida exagerada quitar la nacionalidad solo por realizar actos de comercio. La nacionalidad se pierde por traición a la patria y por motivos que sean muy graves.
BUHONEROS QUEDAN EXCLUIDOS
El fallecido presidente Hugo Chávez había prometido seguridad social para los buhoneros, ¿ello se ha cumplido?
— La Ley de Seguridad Social permite la incorporación de trabajadores por cuenta propia. Son incorporados a este sistema como personas naturales pero a un costo muy alto: deben pagar el trece por ciento de sus ingresos al Seguro Social por concepto de su afiliación. Esto es demasiado oneroso y tiene que modificarse ese porcentaje. El Estado tiene la obligación moral de subsidiar parte de ese aporte del trabajador. Los trabajadores formales aportan cuatro por ciento y el patrono el siete. Algo similar deberían disfrutar los trabajadores informales porque estos han liberado al Estado de la obligación de crear esos millones de puestos de trabajo. Por tanto, el Estado debe recompensarlos a través del ingreso petrolero.
¿Cuántos buhoneros hay en el país?
— Son seis millones de trabajadores y apenas se han incorporado cuatrocientos mil o quizás menos. La razón principal es lo alto de la contribución que deben realizar al Seguro Social. Es, además, un aporte muy injusto porque no es equitativo. Por tanto, debe modificarse ese trece por ciento.
¿Cuentan con HCM, seguro médico y odontológico que les garantice el Estado?
— No. Con ese trece por ciento que cobra el Seguro Social muchos trabajadores prefieren contratar una póliza privada cuyo costo sería casi igual a lo que pagan al IVSS.
¿Los buhoneros quedan fuera del incremento del 15% del salario mínimo y del 45% para el sector castrense que anunció el Presidente?
— Sí, quedan excluidos totalmente salvo quienes reciban pensión del Seguro Social.
¿Qué medidas deben implementarse el gobierno a favor de los trabajadores de la economía informal?
— En su reciente congreso de junio la OIT planteó que los gobiernos desarrollen políticas para dirigir a estos trabajadores hacia la formalización. En América Latina el cuarenta por ciento descansa en la economía informal; en Asia, el veintidós y en África es el cincuenta. En Venezuela la formalización que plantea la OIT puede comenzar con la modificación del decreto presidencial e incorporarlos como actores dentro de la red de distribución de alimentos, bienes y servicios.
“Presidente, reflexione”
Cecilia Mora, 49 años de edad, tiene cuatro hijos y vive en Guatire, Miranda. Destacó que en el comercio informal hay trabajadores de la tercera edad que no reciben pensión y enfermos de cáncer que no ganan suficiente para comprar sus tratamientos médicos. “No recibimos la ayuda de ninguna organización que se preocupe por nuestra salud o alimentación”, dijo.
“Somos afectados también por la inflación porque todas las semanas nos aumentan los precios de la mercancía. Nos someten a una regulación pero a quien deben regular es al mayorista. El Presidente debe reflexionar sobre esta medida. Estamos contra del bachaqueo, es decir, de quienes se paran en una acera y venden un producto con exceso de precio”, resaltó.
Indicó que los trabajadores de la economía informal no han sido beneficiados por las misiones sociales del gobierno. “El decreto lleva nuestros pequeños negocios a una muerte lenta. Están acabando con la vida del pueblo”, enfatizó.
Al referirse a la propuesta del Jefe de Gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, de que los buhoneros pueden vender otros productos, la señora Mora dijo que esta posibilidad está limitada frente a la escasez de diversos productos en el mercado nacional.
“Donde trabajamos no hemos sido víctimas de la matraca por parte de efectivos militares pero sí hemos sabido de casos de abusos”, señaló. Dijo que no son valorados en su justa medida por las autoridades. “Yo dependo de este trabajo para darle de comer a mi familia”, dijo.
Comentó que en muchas ocasiones son víctimas de la inseguridad debido a que deben llegar en horas de la madrugada a sus puestos de trabajo en los mercados a cielo abierto. “A más de uno lo han secuestrado con camiones y mercancías”, dijo.
“No tenemos fines de semana”
Alexander Figuera tiene 42 años de edad, es casado y padre de dos hijos. Trabaja en los mercados a cielo abierto de Guarenas y Guatire, en Miranda. Estudió informática y debió incorporarse al comercio informal debido a los bajos sueldos que se devengan en la empresa privada y sector público.
“El suelo que gana un profesional es muy poco frente a la alta inflación y las necesidades de alimentación, vivienda y educación de la familia. Me gradué a los diecinueve años de edad y tenía muchos sueños pero la situación me obligó a trabajar en la economía informal”, afirmó.
Indicó que han respetado el decreto del presidente Maduro. “Los mercados a cielo abierto trabajan organizados y en articulación con el Estado desde el gobierno del presidente Chávez. Al principio, no había Mercal, ni Pdval y trabajamos mucho para llevar alimento al pueblo. Una vez Chávez nos visitó, se tomó un jugo y caminó por el mercado”, aseveró.
“Nuestros hijos crecen sin fines de semana, sin vacaciones, ni playa, ni parque porque estamos en el mercado luchando para atender a la comunidad. Tenemos que despertarnos a las tres de la madrugada. Somos padres de familia que luchamos para darle ejemplo a nuestros hijos y es injusto que nos digan mafiosos en un decreto presidencial”, dijo.
