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AP
La fiscalía federal de Brasil presentó cargos contra 35 personas relacionadas con un extenso esquema de corrupción en la petrolera estatal, informaron autoridades el jueves, entre ellos ejecutivos de algunas de las firmas de construcción más grandes del país.
Los cargos formales cierran una investigación de meses llamada “Operación Autolavado” que podría ser uno de los mayores casos de corrupción en el país sudamericano que se ha descubierto, y mientras las autoridades aseguran que buscarán recuperar casi 400 millones de dólares de los acusados.
Las autoridades dijeron que altos funcionarios de Petrobras operaron el esquema de sobornos en contratos valuados en hasta 4.000 millones de dólares, con el dinero de los contratos inflados eventualmente regresando al gobernante Partido del Trabajo y otros importantes partidos para campañas políticas.
“Estas personas robaron el orgullo de los brasileños”, dijo el fiscal general Rodrigo Janot en conferencia de prensa en la ciudad sureña de Curitiba, donde un informante clave en el caso está detenido. “Estamos lejos de llegar al final” de la investigación, agregó el funcionario.
El fiscal Deltan Dallagnol dijo por su parte que “hemos comenzado a destruir la impunidad de grupos poderosos que han actuado contra los intereses de la nación durante muchos años”.
Los ejecutivos acusados incluyen a algunos de las empresas OAS, Camargo Correa, UTC, Mendes Jr., Engevix y Galvao Engineering, además de dos ex funcionarios de Petrobras.
Están acusados de corrupción, lavado de dinero y de formar parte de una organización criminal. Un juez federal ahora decidirá si acepta todos o algunos de los cargos para comenzar el juicio.
Muchas de las acusaciones se centran en lo que la policía ha escuchado de Alberto Youssef, un convicto de transacciones monetarias en el mercado negro, y uno de los acusados el jueves. Él ha dicho que lavó cientos de millones de dólares en la trama y que el partido gobernante se benefició de eso.
Youssef, quien está hablando con la policía a cambio de una sentencia menor, asegura que la recién reelecta Dilma Rousseff y el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva sabían de los sobornos. No ha ofrecido pruebas y ambos líderes niegan las acusaciones.
El caso ha afectado mucho a algunas de las empresas privadas más grandes de Brasil, que son con frecuencia importantes donadores para las campañas políticas a través de contribuciones legales.
Dos ex ejecutivos de Petrobras están entre los acusados. Renato Duque, ex director de servicios, fue detenido el mes pasado, y Paulo Roberto Costa, ex director de refinamiento, fue arrestado en marzo. Costa, quien llegó a un acuerdo judicial, ha dicho a las autoridades que aceptó sobornos de firmas de construcción y otros contratistas a cambio de otorgar contratos de la petrolera.
Petrobras, la empresa más grande del país, es la encargada de la exploración petrolera y de crear riqueza con la que los líderes esperan dar a Brasil estatus de nación desarrollada. Pero la endeudada compañía no ha alcanzado sus metas de desarrollo y la riqueza sigue en el subsuelo.
Las encuestas dicen que una buena parte de los brasileños creen que su gobierno es corrupto. Este caso sólo se suma a las sospechas, en especial cuando se trata de enormes trabajos de infraestructura que involucran fondos públicos.
El disgusto por la corrupción fue combustible para las enormes protestas del año pasado contra el gobierno en muchas ciudades de Brasil. La gente sacó la frustración por el lamentable estado de los servicios públicos y muchos relacionan el mal uso de sus impuestos y la corrupción a la mala calidad de hospitales, escuelas, transporte y seguridad pública.
