razonnet
Arellano es la quinta integrante de Voluntad Popular señalada por el gobierno por ”desestabilización”, con varios cargos en contra.
El Ministerio Público imputó este viernes 16 de enero a la dirigente de Voluntad Popular, Gaby Arellano, por estar presuntamente vinculada con planes desestabilizadores que tenían como propósito perturbar la paz, indicó el ente judicial en una nota de prensa.
En la audiencia efectuada ante la Fiscalía 20° nacional, a cargo de Katherine Harington (ubicada en la sede del Ministerio Público, en la avenida Urdaneta), se le imputó a Arellano el delito de conspiración, establecido en el artículo 132 del Código Penal.
La nota detalla que dicho artículo establece la pena de ocho a 16 años de prisión para “cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación”, así como todo “venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela, o pidiere su concurso para trastornar la paz de la República o que ante sus funcionarios, o por publicaciones hechas en la prensa extranjera, incitare a la guerra civil en la República o difamare a su Presidente o ultrajare al representante diplomático o a los funcionarios consulares de Venezuela, por razón de sus funciones, en el país donde se cometiere el hecho”.
Arellano, de 31 años, es la quinta integrante del partido Voluntad Popular en ser señalada por el gobierno entre otras cosas por “desestabilización”, luego de los hechos del 12 de febrero de 2014 y los derivados en días y semanas siguientes. Los demás compañeros de partido son Leopoldo López, quien se entregó el 18 de febrero y permanece en la cárcel de Ramo Verde; Carlos Vecchio (estuvo varios meses en la clandestinidad y actualmente está fuera del país), Antonio Rivero (en la clandestinidad) y Rosmit Mantilla, dirigente juvenil del movimiento ProInclusión de Voluntad Popular (defensores de los derechos de la comunidad LGBTI), detenido en mayo de 2014 luego de que un “patriota cooperante” dijera que estaba vinculado con el financiamiento de las guarimbas, sin que hasta ahora se haya presentado ni se conozca su identidad; Mantilla permanece detenido en el Sebin.
El Ministerio Público recuerda en la nota sobre la imputación de Arellano que el 3 de diciembre de 2014 la exdiputada María Corina Machado fue imputada también por conspiración, y que por estos mismos hechos tienen órdenes de aprehensión Henrique Salas Römer, Diego Arria Salicetti, Ricardo Emilio Koesling Nava, Gustavo Tarre Briceño, Pedro Mario Burelli Briceño y Robert Alonso Bustillo.
Al conocerse la imputación, el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, expresó que al igual que Arellano «cualquier ciudadano puede ser imputado. Aquí un ciudadano que haga cola para comprar comida es calificado de guarimbero, aquí las colas para comprar comida resultan ser una conspiración según el criterio del gobierno. Aquí nadie está libre, aquí todos los venezolanos tenemos sobre nuestras espaldas la sombra de la amenaza, de la intimidación por parte de un gobierno que ya no encuentra como rebuscar excusas para justificar esta desgracia nacional».
