Mientras unos rechazan el cierre de la frontera, otros aseguran que es una decisión positiva. El contrabando en la frontera colombo-venezolana genera al año entre 8.000 y 12.000 millones de dólares
Patricia Marcano
Las deportaciones comenzaron el sábado. Horas después de que el presidente Nicolás Maduro decretara un Estado de Excepción en cinco municipios de Táchira (se extendieron a cuatro más), los cuerpos de seguridad del Estado iniciaron las acciones.
Detuvieron a presuntos paramilitares pertenecientes a la banda “Los Urabeños”, deportaron a ciudadanos colombianos sin documentación, marcaron viviendas revisadas y demolieron otras tantas. Las imágenes han dado cuenta de la actuación y del éxodo voluntario de colombianos por trochas y a través del río Táchira.
Pero la medida tomada por el presidente Maduro para acabar, según sus palabras, con el contrabando, delincuencia, bachaqueo y bandas paramilitares que operan en la frontera, ha generado apoyo y rechazo a la vez, esta última por las acciones derivadas de ella: deportaciones arbitrarias, familias separadas y violación de derechos humanos según organismos como Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y testimonios de colombianos reseñados por medios internacionales. En contraposición, la Defensoría del Pueblo de Venezuela asegura que no han ocurrido tales violaciones.
“Estamos muy descontentos con lo que está pasando en la frontera, hemos visto maltrato a colombianos y creemos que están pagando justos por pecadores. La situación es lamentable, creo que nadie puede estar de acuerdo con eso. A principios se semana pedimos una cita con el embajador pero no estaba aquí”, señala Corina Álvarez, presidenta de la Federación de Asociaciones Colombia Unida (Fedecol), una de las organizaciones de colombianos residentes en el país.
Como ella, varios representantes de la comunidad neogranadina manifestaron a “La Razón” no estar de acuerdo con lo que está ocurriendo con sus compatriotas. Para unos la medida debería levantarse y para otros, mantenerse. Pero más allá de eso coinciden al decir que el contrabando que se vive en la frontera no es resultado de una sola nacionalidad, sino que venezolanos y colombianos tienen la misma cuota de responsabilidad.
Millones de dólares en juego
El director ejecutivo nacional de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, Juan Carlos Tanus, señala que para ellos la medida tomada por el presidente Maduro es una decisión soberana de un gobierno que trata de restituir algunos derechos violentados en la frontera.
“Se llega a ese extremo por el abandono que ha tenido la frontera con respecto a políticas públicas que puedan ayudar en el tema económico y de seguridad”. A su juicio, la medida responde a tres hechos: la inseguridad por el incremento de la dinámica criminal en los últimos 5 años, el narcotráfico y la desprotección económica o financiera existente en la zona. Sobre cada uno plantea las causas.
[quote_left]»[El cierre de la frontera] Es una medida en beneficio de los colombianos que estamos aquí y no estamos vinculados a estructuras criminales»[/quote_left]La desmovilización, desde 2010, de más de 30.000 paramilitares colombianos de las llamadas Autodefensas Unidas Campesinas de Urabá y Córdoba, de quienes no se sabe a dónde fueron, es la explicación al primer hecho citado por Tanus; la exportación de psicotrópicos desde el país neogranadino hasta Venezuela, convirtiendo a esta última como paso obligado para llegar al Caribe, y el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico, es la segunda; y el empobrecimiento del bolívar sería la tercera causa.
Tanus considera que varias decisiones tomadas por Colombia han impactado en la moneda venezolana y facilitado el contrabando.
“En el año 2000 se aprobó la Resolución 8 del Banco de la República de Colombia. Esa acción le ha dado poder a un grupo de cambistas en la frontera, que intervienen en la operación de compra y venta del bolívar, derivando en el empobrecimiento del bolívar y dando poder al contrabando”, asegura.
Pero además dice que esta práctica ilegal terminó de consolidarse con la Ley Anticontrabando, aprobada hace pocos meses por el gobierno de Juan Manuel Santos, pues “no ataca al sistema cambiario y por tanto no va a atacar el contrabando”. En dicha Ley se considera contrabando a la movilización de cargas o cantidades superiores a 10.300 dólares americanos.
“¿Qué están haciendo los contrabandistas? Si antes tenían a una sola persona con 500.000 dólares de capital, ahora tienen a 50 personas movilizando cada una 10 mil dólares”.
De ahí que para esta asociación el contrabando en la frontera colombo-venezolana genere al año entre 8.000 y 12.000 millones de dólares, equivalentes a 4 puntos del PIB colombiano.
Frente a esto, Tanus asegura que para ellos nosotros es muy satisfactoria la decisión tomada por el presidente Maduro porque les va a garantizar seguridad. “Es una medida en beneficio de los colombianos que estamos aquí y no estamos vinculados a estructuras criminales, bachaqueo ni contrabando”.
Además agrega que en Venezuela hay aproximadamente entre 200.000 y 250.000 refugiados colombianos “de facto según, Acnur”, por lo que esa población “debe estar completamente satisfecha y complacida de que los factores criminales que los desplazaron de Colombia para acá, hoy no van a estar en Venezuela”.
De parte y parte
Pero esta apreciación positiva sobre el cierre de la frontera en San Antonio del Táchira no es compartida por otras de las organizaciones existentes en el país.
Marcos Suárez, presidente de la Asociación de Clemencieros en Venezuela (Asocleven), sostiene que los problemas de Venezuela no son ocasionados por los colombianos sino por las malas políticas del gobierno venezolano.
[quote_left]»¿Quién controla la frontera? La GNB. Pero le quieren echar la culpa al pimpinero o al bachaquero»[/quote_left]“El cierre de la frontera no soluciona nada. El Gobierno tenía que llamar al presidente Santos y ponerse de acuerdo para, entre ambos, establecer controles y acordar la colaboración para la captura de criminales. Además, no se puede generalizar con que todos los colombianos somos paracos”.
Otro de los argumentos dados por Suárez para rechazar el cierre de la frontera, y en el cual coincide con la presidenta de Fedecol, es el trato que está recibiendo sus compatriotas, que han quedado registrados en fotografías y reportes recogidos por medios internacionales.
“Es un exabrupto lo que han hecho con las familias que tienen toda una vida allí. El Gobierno permitió que invadieran y ahora los sacan así. Debieron darles un plazo para salir, no hacerlo de ese modo. Eso es una violación a sus derechos humanos. Estoy muy dolido, siento impotencia”, dice Suárez.
La presidenta de Fedecol informó que ante la gravedad de lo que está sucediendo con sus compatriotas convocaron a una reunión de todos sus agremiados, para este fin de semana, en la que decidirán posibles acciones a tomar.
“Algo así no había pasado antes en el país, los niveles de maltrato son graves. No todos los colombianos somos contrabandistas, la mayoría somos personas decentes y trabajadoras”, expresó Álvarez.
También comenta que con el tema del contrabando se quiere achacar una culpa parcial. “No nos vamos a caer a coba. Hace un mes vine de Colombia y me quedé loca al ver cómo venden productos venezolanos en Cartagena y Barranquilla y no todos son colombianos, hay venezolanos también. Lo vi, hablé con ellos para reclamarles y me respondían que pasaban los productos pagándole a la Guardia Nacional. El problema del contrabando es de parte y parte”.
Suárez se refiere al tema con una pregunta. “¿Quién controla la frontera? La GNB. Pero le quieren echar la culpa al pimpinero o al bachaquero cuando también pasan gandolas con gasolina y camiones con productos de la canasta básica frente a la GNB. La corrupción viene desde arriba. Ahí es donde está el negocio”.
[quote_right]»Cuando estaba Chávez las deportaciones estuvieron paradas durante 10 u 11 años»[/quote_right]Juan Carlos Tanus detalla que estudios realizados por su organización han determinado que en Cúcuta hay un 85% de penetración de productos de la canasta básica venezolana y que se calcula que 6.000.000 de colombianos reciben en sus hogares, al menos, un producto venezolano.
Para Tanus hasta ahora no ha existido ningún caso de violación a los derechos humanos de sus compatriotas ni separación de familias por el cierre de la frontera. Lo asegura porque el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, lo ha negado. Dice desconocer la existencia de casas marcadas con letras para derrumbarlas o como señal de revisadas pero coincide en que el gobierno venezolano debe cambiar su postura sobre ellos para que el estigma no llegue a una discriminación masiva.
“Si bien el paramilitarismo desarrollado en Venezuela tiene origen colombiano, ya hoy existe paramilitarismo criollo en Venezuela. Y si bien el contrabando tuvo su origen en Colombia, también depende de una contraparte venezolana. El contrabando es un delito compartido, de mafias colombianas y estructuras venezolanas”, aseguró Tanus.
Pablo Beltrán, representante de la Asociación Arjoneros de Venezuela, va más allá. Rechaza que se asocie la escasez de alimentos con el contrabando, pues las carencias son a todo nivel. “Aquí faltan medicamentos, repuestos, materia prima, insumos. El problema va más allá. Nosotros no somos la oveja negra”.
En los 35 años que tiene en el país dice no haber visto algo igual. “Cuando estaba Chávez las deportaciones estuvieron paradas durante 10 u 11 años. Siempre se ha estado detrás del ilegal pero en el último año ha sido más candente, no sé por qué. No nos merecemos esto, el cierre de la frontera nos perjudica a ambos. Venezolanos y colombianos deberíamos estar unidos”, manifestó Beltrán.
Las colombianas son las que más emigran
Los representantes de las cuatro organizaciones de colombianos en Venezuela coinciden en que la mejor manera de resolver la situación actual es la vía diplomática, la negociación entre ambos países. Además, la existencia de aproximadamente 5.000.000 de colombianos en el país (entre nacionalizados, residentes y transeúntes, apuntan las asociaciones) no es poca cosa. Juan Carlos Tanus informó que en un mes presentarán los resultados del sexto estudio sobre movilidad realizado la Asociación de Colombianos en Venezuela.
Uno de los datos recabados indica que 61% de los colombianos que están llegando a Venezuela son mujeres y estarían llenando las plazas de servicio doméstico, niñeras y enfermería privada. También, que entre enero y julio de este año ingresaron (solo vía terrestre, por los puntos fronterizos de Paraguachón, San Antonio y Puerto Páez) 301.000 colombianos. Los estados con más neogranadinos son Zulia, Miranda, Distrito Capital, Táchira, Carabobo y Aragua. Corina Álvarez, presidenta de Fedecol, informó que desde la restricción de envío de remesas a Colombia, “son muchísimos” los compatriotas que se han regresado al vecino país por la imposibilidad de enviar divisas a sus familiares.
Si quieres contactar a la autora de esta historia, escribe a patricia@larazon.net
