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Luis Salas: “Venezuela debe dejar de ser una economía especulativa”

Luis Salas, ministro de Economía Productiva

El vicepresidente del área económica aclara que en 60 días no se arreglará toda la economía pero sí crearán condiciones para que se estabilice a largo plazo


Patricia Marcano

 El sociólogo Luis Salas, ministro de Economía Productiva y vicepresidente del área económica, es austero en sus explicaciones y palabras. Al menos así lo fue el viernes en la noche, a su salida de la presentación de la Memoria y Cuenta del presidente Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional (AN).

En una breve entrevista concedida a cinco periodistas que se le acercaron mientras caminaba por los jardines para retirarse del Palacio Federal Legislativo, y luego en otra consulta realizada por “La Razón” a Salas cuando ingresó de nuevo a la AN, pasadas las 9:30 pm, adelantó poco sobre las decisiones adicionales al decreto de emergencia (publicado hace dos días) que estiman tomar este año para abordar la crisis económica.

“Requerir no significa expropiar ni nada de eso”

“Hay unas leyes tributarias que se acaban de aprobar a final de año, hay que hacer que todo eso se cumpla y, al mismo tiempo, atacar problemas que tienen que ver con la evasión fiscal que no dependen de la modificación de leyes sino del cumplimiento de estas”, informó Salas, quien además aseguró que Venezuela cumplirá con sus compromisos de pago de la deuda externa “como ha sido siempre, como ha sido hasta ahora”.

Sobre la posibilidad de optar por una reestructuración de la deuda solo manifestó: “hay gente que especula”, y con respecto al decreto sobre el Estado de Emergencia Económica fue insistente al recomendar su lectura pues “todo está muy claro allí”.

¿Puede explicar el alcance del decreto de Emergencia Económica, cómo afectará a los venezolanos, las posibles restricciones?

Todas las definiciones están en el decreto. Yo leí el decreto para evitar las mayores especulaciones, lo que le recomendaría a todos los venezolanos y venezolanas es que revisen el decreto, que están muy claras las atribuciones que tiene el Presidente sobre la materia.

¿Puede dar más detalles?

El decreto es muy simple, tiene una primera parte que tiene que ver con la justificación y explicación de por qué hemos llegado a situación como la que estamos y una serie de atribuciones para el Presidente de la República que van en la dirección de coadyuvar en salir de toda esta situación. Yo lo que recomendaría es que revisen el decreto, que todo esta muy claro allí.

¿Qué acciones les permitirá hacer?

Bueno, lo que está establecido en el decreto y en las palabras del Presidente, combatir esta guerra económica, regularizar la situación, todo lo que tiene que ver con el abastecimiento de la economía nacional y ponernos en mejor posición para salir a una economía productiva, que es como el objetivo estratégico. Esto no es solamente un problema de atacar una coyuntura, que sí la hay, sino también crear unas condiciones para que Venezuela deje de ser una economía especulativa, que es su característica histórica tradicional, y se convierta en una economía productiva y más democratizada.

¿Cuáles serán los mecanismos para lograrlo?

Ya hay un conjunto de reuniones, hay acciones que nosotros no decimos pero ya estamos haciendo, por ejemplo todos los ministros del área económica han estado desplegados por todo el país, se han reunido con pescadores, con empresarios, yo mismo he estado reunido, trabajando, no siempre anunciamos pero ya estamos activados. Hay un conjunto de leyes que se han aprobado a finales del año en materia tributaria, etcétera. Es decir, nosotros ya estamos trabajando sobre la coyuntura.

Uno de los artículos plantea la posibilidad de pedirles a personas naturales y jurídicas sus centros de acopio, inmuebles o transportes para garantizar el abastecimiento de alimentos. ¿Tomarán empresas, habrá expropiaciones?

Allí hay una expresión muy clara que es requerir, requerir no significa expropiar ni nada de eso.

¿Entonces no hay intenciones de expropiar?

No, más bien todo lo contrario, hay un espíritu de convocar a todas las fuerzas del país, a públicos, privados, comunales, pequeños, grandes. Siempre tratamos de ser lo más claros y transparentes, sin embargo para la especulación siempre habrá espacio.

¿60 días serán suficientes para comenzar a ver cambios, algunos resultados?

60 días es suficiente para ver mejorías y, sobre todo, dar acciones contundentes que deben mantenerse en el tiempo. No es que en 60 días vamos a arreglar toda la economía venezolana pero sí buscamos en 60 días dar respuestas inmediatas a problemas inmediatos, y sobre todo crear condiciones para que se estabilice en el largo plazo.

¿Qué pasa si la Asamblea Nacional no aprueba el decreto?

Hay mecanismos ya establecidos, institucionalizados, con respecto a eso. El Ejecutivo cumple con su parte, publica el decreto, lo consigna ante la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos que esperar la respuesta de la Asamblea Nacional y dependiendo de la respuesta se activarán diferentes mecanismos, hay opciones. Yo no puedo adelantar escenarios porque todavía no sabemos cuál va a ser la respuesta de la Asamblea Nacional.


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Estado de emergencia económica

El viernes al mediodía el ministro de Economía Productiva, Luis Salas, leyó ante las cámaras televisión el decreto que declara el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.214 y en la Gaceta Oficial 40.828, del 14 de enero de 2016.

En total son 10 artículos los que reúnen las medidas que puede aplicar el Presidente de la República para “atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana y que permita asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos y el libre acceso a bienes y servicios fundamentales”, como precisa el primero de ellos, así como las acciones de los ministerios y otros entes, incluyendo la duración del decreto y procedimientos legales.

El artículo 2 expone once acciones que puede tomar el presidente Nicolás Maduro durante los 60 días de vigencia del estado de emergencia (puede ser prorrogado por 60 días más) y de ellos hay varios que destacan. El punto ocho habla de “requerir a empresas del sector público y privado incrementar sus niveles de producción así como el abastecimiento de determinados insumos a los centros de producción de alimentos o de bienes esenciales para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los venezolanos”.

Y el nueve indica que el “Ejecutivo Nacional podrá requerir de las personas naturales o jurídicas, propietarias o poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos y demás establecimientos, bienes muebles y mercancías que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos a los venezolanos así como a otros bienes de primera necesidad”.

El artículo 3 le permite al Presidente “dictar otras medidas de orden social, económico o político que estime conveniente”, según los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución, para resolver la situación extraordinaria; mientras que el artículo 4 establece que los ministerios con competencia económica y de finanzas “podrán efectuar las coordinaciones necesarias con el Banco Central de Venezuela a los fines de establecer límites máximos de ingresos y egresos de la moneda venezolana de curso legal en efectivo, así como restricciones a determinadas operaciones, transacciones comerciales o financieras”.

El decreto debe ser aprobado por la AN (el presidente Nicolás Maduro lo entregó el viernes a la AN para su revisión) y ser enviado también a la Sala Constitucional del TSJ para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El lapso para ambas respuestas es de 8 días. Entró en vigencia desde su publicación en Gaceta.


Si quieres contactar a la autora de este texto, escribe a patricia@larazon.net