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Los poderes se pliegan la voluntad del autócrata

Cuando un régimen se ve despojado del consenso de la sociedad, pierde la legitimidad


Oscar Battaglini

El uso instrumental que el chavezmadurismo hace de los poderes públicos, es un claro indicador de que se está ante un Estado y un Gobierno que han perdido por completo la capacidad para dirigir políticamente a la sociedad venezolana. Es un hecho universalmente reconocido que cuando un régimen se ve despojado del consenso de la sociedad, pierde la legitimidad y la capacidad de la que estamos hablando. La confirmación de que esto es así en relación al Gobierno madurista, es que más del 80 % de los venezolanos está de acuerdo con ponerle término a la presencia de Nicolás Maduro en la Presidencia de la República. Ante esta situación, el madurismo cogió el camino de gobernar mediante la utilización consciente y deliberada de los poderes del Estado, para someter y castigar a sus adversarios políticos. Este es el papel que desde hace ya bastante tiempo el chavezmadurismo le ha asignado particularmente al TSJ, al CNE y a la fuerza armada chavista. Si bien, esos poderes habían funcionado tradicionalmente para favorecer la estructura de poder que ha existido en el país, hasta ahora nunca lo habían hecho de manera tan abiertamente escandalosa. Esto hace que en nuestro país la dinámica del Estado no sea activada de acuerdo a la separación y autonomía de los poderes que lo integran, sino por la voluntad omnímoda del autócrata que gobierna (que manda, que ordena) desde el palacio de Miraflores. Es de este modo como funciona el bloque de poder vigente actualmente en Venezuela.

Se trata entonces de un poder que, al no disponer, como en el pasado reciente, del consentimiento de la mayoría de los venezolanos, se ve forzado a actuar de manera delictiva, es decir, al margen de la ley y de la Constitución. De ahí el uso corrompido que el chavezmadurismo hace de los poderes del Estado.

A continuación veamos las características, más de bulto, del uso que el chávezmadurismo en su desesperado afán por mantenerse en el poder, ha hecho y continúa haciendo de esos poderes:

El TSJ

Desde un principio, esta instancia ha sido utilizada, primero por Chávez y ahora por Maduro, para sus propósitos legales y políticos, pero fue a raíz de la derrota que el pueblo le infligiera en las elecciones parlamentarias del 6D, cuando el uso pervertido de ese poder por parte del madurismo se exacerbó. Es ante la inminencia de que la oposición pasara a ejercer la mayoría en la Asamblea Nacional que el chávezmadurismo toma la decisión de designar por intermedio de Diosdado Cabello —su presidente para el momento— una nueva Sala Constitucional, para, de ese modo, evitar que fuera la Asamblea electa el 6D, quien la designara, pasando a constituirse de esa manera en un poder autónomo del Estado venezolano.

Es a partir de ese momento que el TSJ se convirtió en un poder todavía más obsecuente en relación a las órdenes emanadas de Miraflores. En esa actitud de operador político, como era de esperarse, el alto tribunal ha estado dedicado casi a tiempo completo a anular las resoluciones y leyes aprobadas por la nueva Asamblea Nacional, dirigidas a restituir el orden institucional quebrantado por la acción obstruccionista y saboteadora del Gobierno madurista. En el cumplimiento de esta actividad violatoria de la Constitución Nacional, habría que decir que se ha producido una perfecta adecuación entre el Gobierno madurista y el TSJ, como puede percibirse claramente en las decisiones abusivas tomadas por esa instancia tribunalicia en relación a la anulación de la elección de los diputados indígenas de los estados Amazonas-Apure; la suspensión del RR presidencial; la prohibición dictada en contra de la Asamblea Nacional, dirigida a impedir que ésta le habrá un juicio político al Presidente de la República.

El CNE

El cambio experimentado por este poder en manos del chavismo oficial, ha sido asombroso. Hay una gran diferencia entre el CNE del tiempo en el que aquel ganaba todas las elecciones, y este de ahora, opuesto de la manera más intransigente a realizar cualquier tipo de elección, ante la posibilidad cierta de que el gobierno cargue con la derrota como ya ocurrió en las elecciones parlamentarias del 6D. Es llevado de ese temor que el CNE, obedeciendo los mandatos del Ejecutivo, no sólo le puso todo tipo de trabas al RR convocado por la oposición, sino que actuando en coordinación con el TSJ, automáticamente suspendió la recolección del 20 % de las firmas para la activación del RR en acatamiento a la resolución dictada por unos tribunales penales bajo el control del TSJ.

La Fuerza Armada Chavista

Este aparato militar se ha convertido en la práctica en el principal soporte del régimen madurista. Tanto es así que su oficialidad no sólo participa activamente en el cuerpo ejecutivo del Gobierno (como ministros, directores de empresas del Estado, altos comisionados para asuntos económicos, tales son los casos de Padrino López, ministro de la Defensa, Rodolfo Marco Torres, ministro de Alimentación, ascendido recientemente a general de división por Nicolás Maduro), sino que se arrogan el derecho a participar abiertamente en la vida política del país, violando de manera flagrante lo establecido en la Constitución Nacional, que lo prohíbe expresamente.

Pero eso no es todo, desde hace ya cierto tiempo, este aparato militarse ha declarado y reconocido como parte integrante de un autodenominado gobierno cívico-militar, que de hecho convierte a esta fuerza militar en el poder político efectivo dentro de la estructura del Estado, que le confiere un carácter marcadamente militarista a esa estructura de poder. En resumen, estamos frente a un gobierno que ante la pérdida de consenso y legitimidad, se ha replegado sobre sí mismo, haciendo de las instituciones del Estado, un uso corrompido para mantenerse en el poder.

Séneca solía decir que aquello que no prohíbe la ley, lo prohíbe la honestidad, es decir, la conciencia moral. En su concepto, para esta estructura de poder, no gana quien tiene la mayoría sino quien tiene la mayor fuerza, pero olvidan también que deberán rendir cuentas a la sociedad y a la historia.