El parlamentario Julio César Reyes asegura que con la explotación del Arco Minero se ponen en riesgo las reservas de agua dulce más importantes del país
Gabriela González
La creación del Arco Minero, mediante el decreto N° 2.248, ha generado todo tipo de pasiones incluso en el seno del chavismo. No solo figuras eminentes del gabinete de Hugo Chávez como Ana Elisa Osorio y Héctor Navarro han rechazado fuertemente la creación de este espacio en el estado Bolívar. El Partido Comunista, que forma parte del Gran Polo Patriótico, también ha criticado que se le “entregue” parte del territorio nacional al capital extranjero.
A pesar de esto, el Gobierno de Nicolás Maduro sigue adelante con este decreto aspirando a obtener ingresos por el orden de los 20.000 millones de dólares.
Para esto recientemente firmó 39 concesiones más para la explotación y además se solicitó la restitución de la Certificación Kimberley, un sistema de certificaciones diseñado para evitar que diamantes conflictivos entren en el mercado, es decir, los llamados “diamantes de sangre”.
Venezuela se retiró en 2008, debido a la carencia de estadísticas, y a una débil explotación en las zonas diamantíferas, además de acusaciones sobre producción ilegal.
Con la renovación de esta certificación, el Gobierno estima ingresos de 10.500 millones de dólares, así como alianzas en el Arco Minero del Orinoco, donde se estima que existen alrededor de 3.000 millones de quilates de diamantes, lo que arrojaría una rentabilidad potencial cercana a los 2 trillones de dólares, según calculó el ministro Roberto Mirabal.
El 60 % de los recursos obtenidos a través del Arco Minero serán destinados al Fondo Nacional de Misiones, con la finalidad de lograr el desarrollo integral de la nación según lo decretó el presidente Maduro.
A la fecha han sido cuatro los acuerdos firmados con empresas transnacionales, que corresponden a las empresas China Camc Engineering Co. Ltd.; Yakuang Group de China; Afridiam de la República del Congo, y la canadiense Gold Reserve para la explotación del Arco Minero del Orinoco.
“El Gobierno dice que no quiere un rentismo petrolero pero ahora, qué quieren, ¿buscar un rentismo minero a costa de nuestro medio ambiente?”
Ante este panorama, el diputado y presidente de la Comisión Permanente de Ambiente de la Asamblea Nacional, Julio César Reyes, explica por qué esta instancia rechaza la creación de esta zona.
¿Qué consecuencias traería la explotación del Arco Minero?
Estamos hablando de que están en riesgo 112 mil hectáreas aproximadamente, 12 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional. Es decir, el 12 % del territorio venezolano, el 40 % del estado Bolívar. Además, se ponen en riesgo las reservas de agua dulce más importantes del país, donde está la cuenca madre, la cuenca del Caroní. También se verían afectadas las reservas de bosques más importantes, con más de tres millones de hectáreas, la reserva de Imataca. Yo creo que todo eso debe llamar a la reflexión al Gobierno y lamentamos que a esta altura el Gobierno siga empeñado en la explotación y exploración de todo lo que tiene que ver con este Arco Minero. En todo caso, nosotros cumplimos con nuestra tarea como diputados. Produjimos el Acuerdo y se constituyó una comisión mixta para la investigación de todo esto, que es presidida por el colega Américo de Grazia y mi persona en la vicepresidencia. Hemos estado trabajando y en los próximos días debe presentarse un Proyecto de Ley importante que tiene que ver con la protección específica de toda esta área y creo que es un gran aporte el que vamos a dar. Ese decreto que crea el Arco Minero es inconstitucional, por cuanto es un asunto de interés nacional y el mismo no fue aprobado por la Asamblea Nacional. Estas empresas trasnacionales deberían atenerse a las consecuencias de lo que esto implica ya que para nosotros, están de manera ilegal.
La exministra Ana Elisa Osorio ha sido una férrea detractora del Arco Minero. ¿Ella ha participado en esta comisión?
Sí. De hecho, en la próxima sesión, estarán invitados cuatro exministros de Ambiente quienes han trabajado en este Proyecto de Ley y otras cosas que tienen que ver con la investigación que llevamos.
¿Han mantenido contacto con las comunidades afectadas por este decreto? ¿Han recibido sus denuncias?
Hemos recibido a varias comunidades, consejos comunales y sus denuncias serán plasmadas en ese informe.
¿Cuáles son esas denuncias y cómo afectan a las comunidades del estado Bolívar?
Denuncias en cuanto a la afectación de la calidad de vida. Además, no han sido consultadas las etnias que hacen vida allí, que lo establece el artículo 129 de nuestra Constitución, así como establece que tiene que haber un estudio de impacto ambiental y darse la consulta. Nada de eso ha ocurrido. De allí la gravedad del asunto.
El Gobierno aprobó 39 concesiones más y la restitución de la certificación Kimberley, que en este momento de crisis aportará nuevos ingresos al país. ¿Cuál es la crítica puntual con respecto a este decreto? ¿Que no haya pasado por la Asamblea?
Así hubiese pasado por la Asamblea, habríamos dado el debate y lo hubiésemos rechazado porque el Arco Minero contraviene normas constitucionales. No estamos en contra de que el Gobierno busque la forma de auxiliarse y conseguir recursos necesarios para el país pero esos recursos no serían suficientes para reparar el daño ambiental causado. Y no solo el daño en el presente sino para las generaciones futuras. El Gobierno dice que no quiere un rentismo petrolero pero ahora, ¿qué quieren?, ¿buscar un rentismo minero a costa de nuestro medio ambiente?
Distintas ONG introducen una demanda contra el Arco Minero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué buscan estas denuncias?
Nosotros acompañaríamos cualquiera de esas iniciativas. De hecho, hemos estado trabajando con Julio Cesar Pineda, gran conocedor de la materia, para ejercer acciones en la Corte Internacional ante el daño ecológico que se causaría. Se buscan unas medidas de protección puesto que se están violentando normas y tratados internacionales. A uno le cuesta entender al Gobierno. Ellos idearon el Plan de la Patria y ese plan establece en su objetivo histórico número 5, que el Gobierno tiene como meta “preservar el medio ambiente, salvar el planeta y preservar la especie humana”. Entonces, se ven las contradicciones entre sus acciones y lo que dice este plan y la Constitución. Por ejemplo, la industria petrolera se convirtió en el mayor contaminante de nuestro país. Lo hemos denunciado y hemos girado comunicaciones al presidente de PDVSA y tampoco hemos tenido respuesta. Son muchas cosas que en materia de ambiente el Gobierno le adeuda a los venezolanos
¿Han tratado de establecer contacto con las empresas que están trabajando en el Arco Minero?
Se les ha mandado oficios y se les ha participado cuál es la situación de ilegalidad de ese decreto, al igual que a las embajadas de donde son esas empresas. Eso es un trámite que se hace a través de la directiva del Parlamento y sé que varios embajadores han desfilado por allá.
“12 % del territorio venezolano está en riesgo”
¿Manejan alguna posición clara de estas empresas sobre esta situación?
No la tenemos pero la hemos participado.
En cuanto a la reforma a la Ley de Ambiente que fue sancionada, ¿qué aspectos contiene? ¿Plantea sanciones?
Esta reforma fue aprobada por unanimidad en el seno de la Comisión y en ella se están incorporando ocho artículos nuevos. Donde, por ejemplo, se hace una aclaratoria de lo que es gestión y conservación ambiental que son cosas distintas. Entendiendo que la gestión es el conjunto de actividades administrativa y de políticas públicas que se desarrollan para llevar a cabo la preservación del ambiente y conservación, son las medidas que se adoptan producto de esas políticas. Anteriormente, se referían a ambas como sinónimos y había confusión. Aunque es algo que parece sencillo, había que aclararlo. Además, estamos cumpliendo con la Ley en cuanto a darle importancia al poder local. Así, un alcalde pueda tener potestad para proteger un área ambiental específica. Otra cosa importante que estamos agregando es la no prescripción de los delitos ambientales.
Venezuela desfasada
Recientemente se llevó a cabo en Marruecos la Cumbre 22 sobre el cambio climático, ¿en qué estatus está Venezuela?
Hemos tratado de buscar información porque a estas alturas, no sabemos si Venezuela suscribió o ratificó el cumplimiento de esas normas. Hasta hace 15 días lo desconocíamos y es información que hemos pedido. Cuando se produjo el Acuerdo de París, la Asamblea pasada respaldó ese acuerdo convirtiéndolo casi en una Ley pero luego los países debían ratificar esas normas y no sabemos si Venezuela lo hizo. Nosotros hemos venido trabajando porque nuestro país necesita una Ley de cambio climático. Para eso, hemos hecho seminarios con la Unión Europea y las embajadas británica, alemana y francesa.
¿Sabe si alguna de esas medidas del Acuerdo de París se han implementado en las empresas estatales como PDVSA?
No. En nuestro criterio, no se están implementando. Al contrario, se están haciendo cosas distintas a lo que es el cumplimiento de esas normas.
¿Y en las empresas privadas?
Hemos pasado oficios y nos hemos reunido con varias cámaras. La diputada María Gabriela Hernández ha hecho un trabajo importante en ese sentido que será presentado en la plenaria próximamente.
¿Manejan cifras del impacto ambiental por la emisión de gases invernadero? ¿Se maneja el porcentaje que produce el país?
No. De hecho una de las tareas de la República es tener el inventario de las emisiones de efecto de gases invernadero. Eso fue suscrito en Paris y está en mora. Venezuela debe tener informes con esta data y no se tienen.
