El especialista en defensa de la libertad de expresión Edison Lanza destaca que cuando se usan mecanismos “en apariencia legítimos” de modo “discriminatorio, arbitrario o discrecional o desproporcionado” pueden tener un efecto similar a la censura
Andreina García Reina
A mitad de 2016 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) junto a la Relatoría en la misma materia de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) emitieron un comunicado público en el que manifestaban su alarma por la situación en Venezuela.
Para el abogado y periodista Edison Lanza, relator para la libertad de expresión de la CIDH, las denuncias de un suministro irregular de papel prensa, la poca transparencia en la asignación de frecuencias para medios radioeléctricos y el uso del derecho penal contra periodistas por difundir o reproducir información de interés público, resumen las razones de su preocupación.
A su juicio, el uso de “mecanismos indirectos” que impiden el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión son considerados como elementos de censura, que socavan el sistema democrático.
El relator además señala que, aunque todos los países de la región muestran problemáticas puntuales relacionadas con la libertad de expresión, Venezuela y Ecuador destacan del resto porque “no adoptan las recomendaciones del sistema y están en una suerte de desacato”.
¿Cómo percibe la situación de la libertad de expresión y la libertad de presa en Venezuela?
A mitad del año pasado, junto al Relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, enviamos una carta al Estado y luego hicimos un comunicado público conjunto justamente alarmados por la situación de deterioro de la libertad de expresión en Venezuela. Entre los elementos que veíamos como problemáticos hablábamos del hostigamiento y la estigmatización a periodistas y a medios de comunicación desde el poder político, en particular de alguno de los más altos dirigentes del Gobierno. También destacamos el uso del derecho penal, demandas por difamación e injurias y otros tipos penales contra periodistas opositores por difundir información de interés público y reproducir información de interés público. Luego veíamos algunos mecanismos de posibles restricciones indirectas, como el suministro irregular de papel que poner en peligro y riesgo la permanencia de los medios de comunicación e incluso en algunos casos se ha denunciado que, al haber un monopolio estatal en la importación y distribución de papel muchas veces se incurría en discriminación y se entregaba menos papel a los medios que llevaban una línea crítica con el Gobierno; eso lo poníamos explícitamente entre las preocupaciones, así como la falta de mecanismos claros y trasparentes para la asignación de frecuencias a los medios de radio y televisión.
Periodismo y derecho
Uruguayo, periodista, abogado, docente. Edison Lanza ocupa el cargo de relator especial para la Libertad de Expresión en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos desde octubre de 2014 y manifiesta tener la “suerte” de vivir de sus dos grandes pasiones: el periodismo y la defensa de la libertad de expresión. Su trayectoria profesional como abogado del sindicato de periodistas de Uruguay, como fundador y trabajador de diferentes ONG y su ejercicio del periodismo escrito y de opinión le hacen conocer bien “la importancia y las tensiones y amenazas que viven los periodistas, tanto del poder político como del poder económico”.
¿Qué otras acciones pudieron adelantar?
Esa situación la seguimos con una audiencia pública que se otorgó sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela y que tuvo lugar en diciembre, en el marco del período de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nuevamente reiteramos esas preocupaciones. Incluso la sociedad civil venezolana, que trabaja sobre el tema de la libertad de expresión, hizo una recopilación de las recomendaciones que vienen de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA (Organización de Estados Americanos), pero también de la Relatoría de las Naciones Unidas y también del EPU, el Examen Periódico Universal, sobre estos temas.
¿Ha cambiado algo recientemente?
La situación permanece igual. Hay elementos de agravamiento, por ejemplo la prisión del periodista Braulio Jatar, que la Comisión ha otorgado una medida cautelar por la situación precaria de salud y prisión, pero en particular la Relatoría se preocupa porque a tanto tiempo de su detención no se hayan presentado fundamentos razonables que esa situación tiene su origen en algo que no tiene que ver con la libertad de expresión. Más bien reafirma la tesis de que esa prisión y privación de libertad pudo haber sido una retaliación por la difusión de un video que al Presidente de la República no le gustaba. Por lo tanto eso agrava la situación.
Mencionaba el tema del papel como un mecanismo indirecto que menoscaba la libertad de prensa. ¿Ha habido algún antecedente en la región en los últimos 20, 30 o 50 años?
Quiero subrayar una cuestión importante y de contexto. Para la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es la carta de derechos humanos de las Américas, las restricciones a la libertad de expresión no solo provienen de los mecanismos de censura directos y que pueden ejercer los estados, sino también puede haber restricciones indirectas a la libertad de expresión, tanto estatales como privadas, cuando se utilizan mecanismos que en apariencia son legítimos, o en apariencia son inocuos, pero que al utilizarse de modo discriminatorio, arbitrario o discrecional o desproporcionado, pueden tener un efecto similar a la censura. Hubo otros casos en el pasado, como por ejemplo en Perú, durante la dictadura de Alberto Fujimori, en el que a un ciudadano que tenía un canal de televisión, que emitía programas que al Gobierno no le gustaban, se buscó la forma de removerle su ciudadanía para revocarle la licencia. Se entendió que si no era peruano no podía tener una licencia. Todo se hizo de una manera arbitraria con el objetivo de castigarlo y sacarlo del aire. Hay un caso con Chile, en el que acaba de firmarse una solución amistosa. En una isla le cortaron la energía eléctrica a una radio para que no emitiera en determinado horario central y Chile aceptó que había una restricción indirecta. Es un caso viejo. Hay ejemplos de otros países con el uso de la publicidad oficial, que se usa para castigar a los medios críticos y premiar a los medios dóciles con el Gobierno. No recuerdo ahora ningún ejemplo del recorte del suministro de papel prensa.
¿Qué implicaciones tendría para la sociedad que esta situación siga agravándose o manteniéndose a lo largo del tiempo?
Las consecuencias son gravísimas. Justamente el derecho a la libertad de expresión tiene dos dimensiones. Una individual, de quien expresa sus ideas, pensamientos e informaciones y otra colectiva, que es el derecho de la sociedad en su conjunto a recibir informaciones de toda índole y de una pluralidad de medios de comunicación. Por lo tanto, si los medios de comunicación en algunos casos corren el riesgo de cierre o han cerrado debido a que no tienen papel para imprimir sus publicaciones, y no tienen papel para vender su publicaciones ni para imprimir la publicidad, se les está coartando y suprimiendo la fuente de financiamiento y en definitiva van a terminar cerrando o viendo muy disminuidas sus plantillas y ediciones, por lo tanto van a dejar de proporcionar información de interés público a la sociedad. Esto va a tener un efecto silenciador muy fuerte. Obviamente los medios de comunicación y el periodismo son una manifestación primaria de la libertad de expresión y es central para la democracia. Si vamos suprimiendo por mecanismos indirectos a los medios de comunicación, estamos ante un escenario con restricciones gravísimas a la libertad de expresión y violaciones ante el derecho internacional.
¿Se puede tener libertad de expresión en un país sin libertad de prensa?
Hay mucha literatura al respecto, pero me quiero remitir y recordar los instrumentos internacionales como son aquellos que marcan nuestro mandato y que debemos señalar e interpretar, a la luz de los hechos que afectan a víctimas concretas como es el caso de la Convención Interamericana y la Relatoría. En este sentido, mencionar que el propio artículo 13 de la Convención Interamericana, la luz del propio pacto, y el artículo 29 de la Convención hablan de la restricción de la libertad de expresión o el ejercicio de la libertad de expresión. Los países de las Américas al suscribir la Carta de la OEA, la Declaración Americana de los Derechos Humanos, la Convención Americana, la Carta Democrática y otros instrumentos han establecido que el sistema de gobierno que va a defender el sistema democrático. Un elemento esencial de todos esos instrumentos es la libertad de prensa y expresión. Cuando se suprime la libertad de prensa y expresión se ven seriamente afectados unos de los elementos constitutivos de la democracia que están siendo suprimidos, por lo tanto hay una democracia en peligro.
¿El hecho de que algunos medios hayan sido comprado en transacciones no transparentes por empresas con dueños desconocidos es un atentado a la libertad de prensa?
Ahí hay una cuestión de prueba importante como para abrir una opinión. Obviamente si hay una comprobación de que un Gobierno o un Estado está adquiriendo medios de comunicación privados de línea editorial contraria o independiente para, a través de testaferros, cambiar su línea editorial para volverlos medios dóciles que no investigan, que no difunden información incómoda para el Gobierno y eliminar así todo tipo de control social a través de los medios de comunicación o de la trasparencia o la lucha contra la corrupción, ahí puede haber una restricción indirecta contra la libertad de expresión. Es una cuestión que muchas veces es difícil de probar, pero en muchos casos parece evidente que hay algunos empresarios que adquieren medios de comunicación con plata que no se sabe de dónde viene y que no está claro quiénes son los dueños y luego se cambia la línea editorial. Ahí habría un evidente ataque a la libertad de prensa y a la libertad de expresión.
¿Qué soluciones se plantean desde la Relatoría y otros organismos para los medios venezolanos y la situación de la libertad de prensa y expresión en Venezuela?
En primer lugar es evidente que la Relatoría y la Comisión Interamericana en particular e incluso la propia Corte Interamericana le ha dado una situación prioritaria al tema de la libertad de expresión en Venezuela. Si uno revisa la historia de los últimos 10 años vamos a ver que tal vez sea el país que ha tenido mayor cantidad de audiencias sobre la situación de la libertad de expresión, mayor cantidad de medidas cautelares otorgadas para justamente cautelar el ejercicio a la libertad de expresión o la vida e integridad de los periodistas, una mayor cantidad de casos ante la Corte Interamericana. No hay que olvidar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a Venezuela en el caso de RCTV, en el caso López Ulacio [editor de “La Razón”] y en otros casos durante estos años por la violación al artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y le ha ordenado medidas de reparación integral. El hecho es que en muchas de estas decisiones el Gobierno venezolano está en desacato y está poniéndose al margen del derecho internacional. Esto no hace cesar su obligación de cumplir con estas recomendaciones y con estas condenas internacionales y tarde o temprano esto va a tener que ocurrir. Por lo tanto vamos a seguir insistiendo en el seguimiento de la situación y utilizando los instrumentos y mandatos que tenemos para nuestra consideración. También sería bueno preguntarle a los demás países y a los órganos políticos de la OEA, porque la Comisión y la Relatoría remiten los informes que hacemos respecto a la situación de Venezuela en materia de la libertad de expresión y libertad de prensa a estos órganos políticos y por lo tanto ellos podrían tomar decisiones al respecto.
¿Qué otros países de la región le preocupan? ¿En qué posición estaría Venezuela su hace una evaluación comparativa?
La Relatoría hace monitoreo sobre los 35 países del hemisferio, por lo tanto aquí no distinguimos quién está en el Gobierno, o por ideología. Aplicamos los mismos principios y estándares para todos los países. Por lo tanto obviamente hay distintas preocupaciones y distintos niveles de gravedad, que atendemos por igual. No queremos hacer un ránking porque es muy difícil. Cómo valoramos una violación sobre otra o más violaciones sobre otra. Lo que es cierto es que la mayor parte de los países tienen problemáticas sobre temas puntuales de la libertad de expresión. Aquellos países que tienen una violencia o al crimen organizado contra periodistas, que suponen asesinatos que no son investigados. Bueno ahí tienen una problemática completa y el Estado tiene obligaciones de prevenir esta violencia, de investigar y sancionar a los culpables de estos asesinatos. Esa problemática quizás no se ve en Venezuela pero sí en otros países como México, Honduras, Paraguay, Brasil. En otros países hay leyes que restringen excesivamente el ejercicio de la libertad de expresión. En algunos países hay periodistas que son detenidos y pierden su libertad por el ejercicio de la libertad de expresión. Por lo tanto allí hay que remover obstáculos legales al respecto. Recientemente en Panamá hubo un caso y por suerte, por una recomendación de la Relatoría el Estado panameño suprimió esa condena y ahora está revisando esa legislación. No quiero olvidarme de Ecuador, que tiene una ley que establece sanciones muy gravosas y los medios de comunicación han recibido sanciones que ponen en riesgo su continuidad. Lo que diferencia la situación de Venezuela y Ecuador con respecto a otros países es que no adoptan las recomendaciones del sistema y están en una suerte de desacato frente al sistema. Mientras que con la mayor parte de los países hay un diálogo sobre esta situación y van en democracia acatando las recomendaciones de los organismos internacionales y se van tomando medidas para convertir las situaciones de violación en situaciones de respeto a la libertad de expresión.
Mencionaba que las restricciones a la libertad de expresión también puede provenir de intereses privados. ¿La Relatoría ha recibido este tipo de denuncias?
Durante los últimos dos años hay una serie de denuncias de periodistas que han debido dejar los medios de comunicación en los que trabajaban, porque el cambio de línea editorial determinó una incidencia en su posibilidad de hacer periodismo en forma libre e independiente. Columnistas que han dejado medios tradicionales y periodistas que han sido despedidos. Ese tipo de situaciones las hemos recibido.
Regulaciones peligrosas
Recientemente el presidente Nicolás Maduro ha hablado sobre regular las redes sociales. ¿Se vulneraría el derecho a la libertad de expresión con regulaciones en las nuevas plataformas?
La Relatoría ha sido muy clara en los informes sobre estos temas y los principios de la libertad de expresión, sobre todo con asuntos de interés público y discurso político. Se aplican los mismos principios en el ambiente online, incluso de forma reforzada, porque la arquitectura de internet ha sido fundamental para que millones de personas puedan ejercer la libertad de expresión de forma directa y no a través de un medio de comunicación, que eran los intermediarios de la opinión pública. Ahora pueden ejercer la opinión pública en forma directa, a través de las redes sociales, de los blogs y las diferentes plataformas. También los medios de comunicación han encontrado en internet una vía de potenciar su desarrollo, por lo tanto cualquier regulación a internet es muy delicada y obviamente va a haber que observarla, mirarla y estudiarla a la luz de los principios del derecho internacional. Las restricciones a la libertad de expresión deben ser excepcionales, mínimas y tienen que seguir una serie de test. Hay que ver si persiguen un fin legítimo, si son proporcionales. Hay una serie de pasos que habría que dar. Pero en principio, yo diría que cuando se anuncian regulaciones de contenido en internet es muy peligroso.
