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La AN está obligada a jugársela para hacer cumplir su declaración de falta de absoluta

Conflicto de poderes puede agravar la crisis económica

Porque de lo contrario perderá toda credibilidad provocándose el caos institucional que obligará a civiles y militares a poner orden restableciendo la vigencia efectiva de la Constitución tal como lo ordena el Art. 333


Jesús Petit da Costa

Venezuela está sin Gobierno legítimo. Hay un vacío de poder. Se ha producido el estado de acefalía. La Presidencia de la República está constitucionalmente acéfala o vacante. Lo está porque Maduro no es presidente constitucional desde el pasado 9 de enero de 2017. Dejó de serlo desde el mismo momento en que la Asamblea Nacional declaró la falta absoluta por abandono del cargo. Y, por su parte, el Vicepresidente Ejecutivo no ha asumido el cargo como le corresponde conforme al Art. 233 de la Constitución mientras se celebra la elección para elegir al sucesor de Maduro, el cual completará el período constitucional iniciado el 10 de enero de 2013 y que terminará el mismo día de 2019. De nada vale lo que resuelva el TSJ por tratarse de una atribución privativa de la AN. Su intromisión sólo crea el caos institucional, porque la AN lo ha deslegitimado previamente desconociendo sus sentencias.

Estando constitucionalmente acéfala la Presidencia de la República se ha producido el vacío de poder, el que debe resolverse a la brevedad. Sólo se resolverá haciendo que Maduro entregue el cargo que usurpa en la actualidad. Para obligarlo la AN debería dar estos pasos:

  1. A) PREPARATIVOS DE LA EJECUCIÓN: Ejercer presión haciendo saber internacionalmente que Maduro ya no es constitucionalmente Presidente de la República comunicándolo:

1.- A la ONU, a la OEA y, en general, a todas las organizaciones internacionales, informándole que Maduro ya no es Jefe de Estado y solicitar que lo persuadan de entregar el cargo.

2.- Al Vaticano y a todos los países con los cuales Venezuela tiene relaciones diplomáticas y consulares, informándoles que Maduro ya no es Jefe de Estado y Jefe de Gobierno y, en consecuencia, ya no tiene la representación internacional de Venezuela, ni puede dirigir las relaciones exteriores, ni tampoco celebrar tratados, convenios o acuerdos internacionales.

3.- A la Fuerza Armada Nacional haciéndole saber que Maduro ya no es el Comandante en Jefe y, por consiguiente, no puede ejercer la suprema autoridad jerárquica ni el mando supremo; por consiguiente, la FAN debe persuadirlo a entregar el cargo.

4.- A los entes financieros internacionales informándoles que Maduro ya no es Jefe de Gobierno y, en consecuencia, no administra la hacienda pública nacional, por lo cual no puede ejecutar el presupuesto inconstitucionalmente promulgado ni puede autorizar o contratar empréstitos o contratos de interés nacional.

5.- Al Vaticano para que se abstenga de convocar a diálogo por la ilegitimidad de Maduro y solicitar en cambio que lo persuada a entregar el cargo.

A su vez, deberá informarse al pueblo de Venezuela, por todos los medios disponibles, que todos los decretos y demás actos administrativos de Maduro son nulos de nulidad absoluta; y, en consecuencia, exhortarlo a desconocer su autoridad y declararse en desobediencia civil, conforme al Art. 350 de la Constitución.

  1. B) EJECUCIÓN DE LA DECISIÓN.

En caso de resistencia obstinada de Maduro, convocar al pueblo a marchar hasta Miraflores el próximo 23 de enero con el único y exclusivo propósito de exigirle que entregue el cargo y permanecer en las calles de todas las ciudades hasta que Maduro se vaya. Simultáneamente, exhortar a la FAN a que haga cumplir la decisión de la AN poniendo fin al vacío de poder generado por la resistencia de Maduro a entregar el cargo que usurpa.

Advertencia: si la MUD-AN no se la juega y se abstiene de tomar las medidas para hacer cumplir su declaración de falta absoluta por abandono del cargo, no sólo hará el ridículo mundial perdiendo toda credibilidad, sino que dejará al país sumido en un caos institucional con total y absoluto vacío de poder por la ilegitimidad de todos los poderes públicos. Entonces civiles y militares estaremos legitimados para proceder a poner orden restableciendo la vigencia de la Constitución, tal como lo ordena el Art. 333, con la consigna: QUE SE VAYAN TODOS.