El régimen se ha valido de falacias jurídicas para justificar cancelar el revocatorio y posponer cualquier tipo de elección
Humberto González Briceño
La agudización de la crisis económica, social y política ha potenciado la influencia y eficacia de sectores, civiles y militares, que tratan de desplazar al chavismo del poder. Hasta ahora esto no ha sido posible justamente por la división cuantitativa y cualitativa entre los sectores de oposición. También es el producto del férreo control institucional del régimen sobre los poderes públicos, siendo las expresiones más dramáticas el secuestro del TSJ y el CNE.
Hasta ahora la división de la oposición y el control de los poderes judicial y electoral le han permitido al régimen salirse con la suya y zafarse de la confrontación electoral. Navegando en las turbulentas aguas de la semi-legalidad el régimen se ha valido de falacias jurídicas para justificar cancelar el revocatorio y posponer cualquier tipo de elección. Por ahora.
Pero, ¿por cuánto tiempo puede el régimen chavista seguir huyendo a su inevitable realidad? ¿Cómo seguir evadiendo las elecciones sin que esto acelere la caída del propio régimen? ¿Puede el Gobierno, razonablemente hablando, evitar las elecciones presidenciales programadas en teoría para diciembre de 2018 sin que esto provoque el levantamiento de fuerzas internas y externas que llevarían a su derrocamiento? La respuesta es no.
Por eso es que a 22 meses de unas hipotéticas elecciones, el Gobierno se está preparando para tratar de retener el poder. Todas las decisiones que ha tomado el Gobierno en los últimos seis meses han sido pensadas para procurarle más ventajas al régimen en una confrontación electoral. El reparto de comida y medicinas a través de los CLAP, el empadronamiento de venezolanos con el carnet de la patria, y una campaña mediática para echarle la culpa de su fracaso a la oposición son parte de esa estrategia.
Parte de este plan es el diseño de una operación de cirugía electoral practicada por los operadores del régimen en el TSJ y el CNE. El objetivo es asumir las elecciones de diciembre 2018 como un escenario inevitable para el régimen en pero hacerlo en lo que ellos llaman un “clima controlado” que les permita volver a ganar. Esto significa para ellos ir a un proceso electoral con la mayoría de los partidos de oposición ilegalizados, con los más emblemáticos candidatos de oposición presos o inhabilitados, y con una oposición política dividida en sus objetivos.
Si el régimen lograr sobrevivir en los próximos meses al colapso del país y a las crecientes presiones de sectores civiles y militares entonces las elecciones en “clima controlado” son plausibles y como escenario no se pueden descartar. Ocurrirían “por defecto”. Allí el régimen tratará de validar una nueva versión de la “victoria perfecta”: Volver a ganar las elecciones contra todos los pronósticos, enfrentando el rechazo del 80 % del país y con tan solo el apoyo de un 17 % – 19 % de la población electoral. Ciertamente una ambiciosa operación de cirugía electoral que bien podría matar al paciente en el mismo quirófano.
