El ministro de Energía y Petróleo/presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, desde su estadía en Roma anunció que Venezuela denunciaría para fines de abril el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones firmado con los Países Bajos en 1996.

La denuncia del Tratado estaría basada en el “uso abusivo” que le han dado a estas figuras legales las distintas empresas petroleras, tanto públicas como privadas, que se registraron en Holanda “como compañías originarias de ese país, como es el caso de ExxonMobil”.

Se rumora que el Gobierno de Venezuela también estaría considerando denunciar a todos los tratados de este tipo que Venezuela ha suscrito hasta ahora con diferentes países.

¿En qué consiste un tratado de inversiones binacional?

Es un acuerdo de negocio, donde las partes establecen reglas claras y transparentes para el desarrollo de una actividad económica, fáciles de instrumentar y de monitorear, donde las partes firmantes establecen ciertas garantías, entre ellas: trato igualitario, repatriación de utilidades, normas laborales y ambientales, propiedad intelectual y políticas de competencias y servicios.

Pero, uno de los puntos clave (e infaltable) de un tratado de inversiones binacional es la cláusula referente a la solución de controversias, donde se establece que para dirimir disputas que no son resueltas entre las partes, se debe recurrir a un centro de arbitraje neutral, como lo serían el CIADI del Banco Mundial o la Cámara de Comercio Internacional de París.

Para ilustrar la importancia de esta cláusula, considérese que en un partido de fútbol realizado en Calí entre la venezolana Vino Tinto y la selección colombiana de fútbol, el árbitro fuese colombiano. Este escenario sería totalmente inaceptable. Este mismo criterio es aplicable a las inversiones y negocios: El árbitro siempre debe ser imparcial.

La denuncia de Venezuela a este tratado internacional con los Países Bajos es una muestra más de la arrogancia y la prepotencia de un Gobierno que ha acumulado, en nueve años en el poder, un sin fin de violaciones a los derechos de propiedad y a las libertades económicas de inversionistas nacionales y extranjeros.

El anuncio del ministro/presidente Ramírez es una bravuconada que demuestra una inmadurez que no debería sorprender a nadie. Sin embargo, lo que sí sorprende es la ignorancia que evidencia. ¿O es que los numerosos asesores y abogados al servicio de PDVSA y del Ministerio de Energía y Petróleo no le explicaron al Ministro/Presidente que el hacer la denuncia no exonerará al país de sus obligaciones para con las empresas que hicieron sus inversiones previa firma de un tratado binacional, por lo que no afectará la orden que obtuvo ExxonMobil para el congelamiento de hasta $12 millardos de activos internacionales de PDVSA?

Por favor, que alguien le explique al Ministro/Presidente de forma clara y palmaria que estos tratados sólo sirven para promocionar las inversiones tan necesarias en el país, y para proteger a Venezuela en eventuales disputas de negocios con empresas y gobiernos extranjeros.rna