En materia de lamebotismo, de arrastrársele, de chuparle las medias al déspota, ciertamente no hay nada nuevo bajo el Sol. Lo escribimos al comparar la conducta de Luisa Estela Morales, presidenta del Tribunal Supremo Bolivariano, con la posición de Aníbal Dominici su par de la Corte Federal y de Casación, de tiempos de la presidencia del general Joaquín Crespo. Es que cuando los autócratas estornudan, los jueces genuflexos sufren de pulmonía. DEL EMPRESITO CHINO AL PRESTAMO CON “DISCONTO GESELLSCHAFT” En 1894 el Congreso de Venezuela había autorizado al Poder Ejecutivo para librar al país de la onerosa obligación de pagarle al “Disconto Gesellschaft Bank”, el 7% anual sobre unos empréstitos contraídos por Antonio Guzmán Blanco, varios años atrás. Los lectores se servirán recordar que este último, en varias oportunidades cesó como presidente de Venezuela, pero se marchaba a París, donde a distancia y detrás del trono pretendía seguir gobernando. Todo para cobrar suculentas comisiones por la firma de empréstitos y toda clase de negociaciones lesivas al patrimonio público. Guzmán Blanco, en París y Chávez en La Habana. El primero vil instrumento de los capitalistas franceses y alemanes y el segundo, pelele de los chulos, cubanos, chinos, argentinos, nicas, peruanos, rusos, bielorrusos y cuanto bicho de uña, le masajea el ego. Y el furúnculo, también. En 1896 la crisis por la mencionada deuda estaba a punto de explotar y para renegociarla, Joaquín Crespo, tuvo la “brillante” idea de nombrar ministro de Obras Públicas, a Claudio Bruzual Serra, coludido con las empresas ferrocarrileras, indirectamente involucradas en la operación. Al regreso de Berlín, el ministro Bruzual Serra, dio cuenta de su misión y el escándalo no se hizo esperar. De los 50 millones del nuevo empréstito, 36 quedaron en poder del “Disconto” para pagarle a la compañía del Gran Ferrocarril de Venezuela (de la cual Bruzual Serra, era abogado) y el saldo, se diluyó en comisiones y demás gastos a favor del mismo banco. No se había secado la tinta de los diarios denunciando la lesión al patrimonio público, cuando estalla un segundo escándalo: Crespo y Bruzual Serra, habrían sido sobornados con dos millones de pesos por Carl Henkel, un ciudadano alemán involucrado en el latrocinio. Otro alemán residente en Caracas, Federico Bauer, acude ante la Corte Suprema y pide antejuicio de mérito contra el ministro Bruzual Serra. LA CORTE FEDERAL SE DICE Y CONTRADICE COMO UNA LUISA ESTELA CUALQUIERA El 21 de noviembre de 1896, el alto tribunal declara que hay méritos suficientes para enjuiciar a Bruzual Serra por lo cual queda suspendido de su cargo de ministro. La decisión subleva al Presidente Crespo. Su ministro del interior, el doctor Castillo, les había dado “un toquecito” a los magistrados, según se le había asegurado al déspota, de manera que el fallo toma al gobierno de sorpresa. Como primera medida, Crespo, manda a “La Rotunda” al denunciante Bauder y de seguidas, el secretario de la Presidencia, José Ramón Núñez “invita” a los integrantes de la Corte Federal y de Casación a trasladarse, en el término de la distancia a “Santa Inés”, residencia presidencial. “Para demostrarles, sin decírselo a los ilustres jueces que está dispuesto a todo – narra Ramón J. Velásquez en “La caída del liberalismo amarillo”- Crespo ordena reforzar la guardia de la casa presidencial. Reunidos la Corte Federal y el Gabinete en el salón de sesiones del Consejo de Ministros, hace su entrada el general Crespo y en breves palabras les expresa su desagrado por la decisión”. Los aterrados magistrados regresan con el rabo entre las piernas a la sede de la Corte. Son las seis de la tarde y “habilitadas las horas necesarias por haber sido jurada la urgencia por el Procurador de la Nación”, antes de la medianoche dictan un segundo fallo que revoca el procesamiento y destitución de Bruzual Serra. Tres jueces, Jorge Pereira, Epifanio Balza y Jorge Anderson, salvan la honrilla al consignar su voto negativo de ese segundo auto revocatorio para favorecer al ministro felón y aquí llegamos a donde no queríamos llegar: A la entropía chavista. A la degradación, la depravación, al retroceso moral, institucional, jurídico y hasta alimenticio, como se verá, que supone la Robolución Bolivariana. Los magistrados crespitas revocaron su propio fallo porque los intimidó el propio déspota, en persona. En cambio a la magistrada Morales, le bastó y sobró un tirón de orejas de un dirigente de tercera o cuarta categoría, como lo es Aristóbulo Istúriz para que saliera a revocar la orden de abrirle un juicio a Henrique Capriles Radosky, considerada a última hora, como políticamente incorrecta. En la Corte Federal y de Casación, presidida por Aníbal Dominici, hubo tres votos salvados. En cambio en la Sala Constitucional del TSJ, presidida por Luisa Estela Morales, no hubo ni un solo, “esta boca es mía”. Aparte de todo, ni el doctor Dominici ni sus colegas de Sala, jamás se aprobaron un cesta ticket o un bono alimenticio de diez mil bolívares mensuales, en fraude a la ley, para comer, beber y gozar, mientras que el personal de los tribunales del país, muere de mengua.