Más de once mil ex trabajadores de Coca Cola que exigen el pago de sus prestaciones sociales, luego de haber buscado justicia social ante la Asamblea Nacional (AN) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demandar al Estado venezolano por violación de sus derechos laborales. Una representación de esta masa de trabajadores, agrupados en la Asociación Civil de la Industria Gaseosa de Venezuela, acompañados por el abogado Humberto Decarli, explicó en La Razón que este recurso ante dicha instancia internacional intenta anular sentencia en contra de sus derechos por parte de la Sala de Casación Social y de la Sala Constitucional del TSJ. “Solicitamos la reinstalación de las mesas de conciliación y, por ende, el pago de las prestaciones sociales que corresponde a los trabajadores. En el escrito se exhorta al Estado venezolano a no continuar violando los derechos denunciados y se adopten medidas urgentes a fin de cumplir con los compromisos internacionales asumidos por Venezuela”, dijo Decarli. MESAS DE CONCILIACIÓN Se trata de 11.633 ex trabajadores que laboraron entre cinco y treinta años en las plantas que tiene la embotelladora en todo el país y que exigen el pago de prestaciones sociales que ascienden a más de 600 millones de bolívares fuertes. El caso llegó, según explicaron, llegó en un principio a la Comisión de Desarrollo Social de la AN, presidida en ese entonces por Iris Varela. “Ella tomó la denuncia y se publicó una resolución en la cual solicitaban un avocamiento (concentración de todos los juicios) a la Sala de Casación Social. Asimismo, un proceso de mediación y conciliación judicial. La Sala, basándose en que muchos trabajadores –que se sentían burlados- habían tomado las instalaciones de la planta, suspendió el proceso de mediación con una sentencia de junio del año 2008”, explicó el abogado. “A esta altura, Coca Cola consideraba que ellos no eran trabajadores, sin embargo, estaban presentes todas las condiciones de la relación laboral, es decir, la prestación de un servicio, el pago de un salario y la subordinación jurídica y económica”, dijo. Seguidamente, se establecieron unas mesas de mediación y conciliación judicial, que es un mecanismo alternativo para solucionar los conflictos laborales. “Comenzaron bien y si hubiesen continuado habría dado frutos a favor de los trabajadores. En este tipo de mesas el juez es un ente activo que investiga para hacer justicia y hace las gestiones para que las partes lleguen a un acuerdo”, indicó. “Coca Cola buscaba no pagar los pasivos laborales. Entonces, la Sala de Casación Social emitió una sentencia argumentando que había medidas de fuerza por parte de algunos sectores de los trabajadores que se sintieron burlados por la mediación no estaba caminando bien”, agregó. - ¿Qué recursos presentaron ante el TSJ? - Intentamos una solicitud de revisión constitucional ante la Sala Constitucional (SC) del TSJ en marzo del año pasado y el 7 de agosto siguiente lo declaró inadmisible. La Sala argumentó que en el proceso no hubo juicio sino un proceso de mediación y que la sentencia de la Sala de Casación Social no era definitiva. La SC se basó en criterios muy formalistas que rompen con el espíritu del Artículo 237 de la Constitución nacional, que establece que las leyes no se pueden interpretar formalmente sino con un criterio de justicia. EVADEN LA RELACIÓN LABORAL Freddy González, ex trabajador de Coca Cola y presidente de la Asociación Civil de la Industria Gaseosa de Venezuela, donde están agrupados más de mil ex trabajadores de Coca Cola afectados, explicó que durante el proceso la embotelladora les otorgó a los trabajadores un cheque por 3.500 bolívares bajo la figura de fideicomiso. “La empresa nos dio a los trabajadores la suma irrisoria de 3.500 bolívares a quienes trabajamos hasta treinta años. El cheque nos fue entregado bajo la figura de fideicomiso, es decir, los intereses de prestaciones sociales que nunca hemos cobrado”, dijo. “Estamos luchando contra una transnacional demasiado fuerte, contra un monstruo. A esto se suma el hecho de que las instituciones del Estado venezolano parecieran estar tuteladas a favor de Coca Cola y no del débil jurídico que es el trabajador. Estamos peleando con una transnacional y también contra el gobierno. Porque no justificamos que el Estado no le brinde respuesta a estos ex trabajadores si es constitucional lo que estamos solicitando”, agregó. - ¿A cuánto asciende la deuda total que Coca Cola mantiene con estos ex trabajadores? - Hemos realizado varios cálculos mediante el Artículo 125 de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, y a cada trabajador le corresponde entre cuatrocientos y quinientos mil de bolívares fuertes. Son 11.633 ex trabajadores que prestaron servicio en veintisiete plantas a nivel nacional de una empresa que fue cambiando razón social con el tiempo: primero fue Pepsi Cola, luego Pamanco, y luego Femsa. Sin embargo, hoy en día están evadiendo y escondiendo la relación laboral que tuvieron con nosotros. PRESIÓN DE COCA COLA - ¿Sienten que las instituciones del Estado venezolano no han defendido sus derechos? - Han descuartizando los derechos laborales de miles de ex trabajadores: políticamente en la Asamblea Nacional, mediante la nueva Ley Orgánica del Trabajo y, jurídicamente, en los tribunales. La Asamblea Nacional nos informó que habíamos llegado a un convenimiento con Coca Cola por ese pago irrisorio de 3.500 bolívares. Los diputados Oswaldo Vera y Orlando Castillo (Comisión de Desarrollo Social de la AN) nos dijeron que ya habíamos agotado el recurso del TSJ. “Es decir, nos están cortando las alas de raíz. El TSJ lejos de hacer justicia, está haciendo injusticia. Porque están tutelando a favor del imperialismo, del capitalismo y de las empresas transnacionales, precisamente lo que combate el presidente Chávez a diario”. - ¿Hubo apoyo de la entonces diputada Iris Valera con sus exigencias? - Bueno, ella en una ocasión salió en el programa de televisión “Dando y dando” diciendo que le daba gracias a Dios porque el problema de los ex trabajadores de Coca Cola ya había sido solucionado. Y eso no fue así, señor ¿Cómo es posible que le hayan dado a la gente 3.500 bolívares o un perco con cinco cajas de refrescos por veinticinco o treinta años de servicio? Tenemos jurisprudencia, hemos presentado todo ante el TSJ, la AN, ante el Ministerio del Trabajo, dijo González. “No dudamos que haya presión de la transnacional Coca Cola porque no se justifica que la Sala Constitucional se haya negado. Y los magistrados de la Sala de Casación Social fueron muy diligentes al inicio y después se frenaron y suspendieron las mesas. Eso genera mucha suspicacia. Y en el caso de la Comisión de Desarrollo Social, los trabajadores volvieron a plantear su caso y sólo han recibido evasivas”, agregó Decarli. “Si no hubiese habido ningún indicio la Asamblea Nacional no habría solicitado un avocamiento; y la Sala de Casación Social no habría fallado a favor de un avocamiento sin una base. Es decir, que había elementos para que pagaran las prestaciones sociales porque, de lo contrario, no habrían hecho nada. Se dieron cuenta que sí tenían derechos, investigaron y fueron diligentes. Además, la empresa se sentó con cada uno de los ex trabajadores para verificar que sí había trabajado en esa empresa”. CON LA SALUD GOLPEADA “Continuaremos organizados para hacer ver que aquí se cometió una injusticia social, una barbarie contra todos estos ex trabajadores”, afirman los afectados. “Hay más de mil setecientas personas, a nivel nacional, que han fallecido y que estaban esperando que se les cancelara sus prestaciones sociales. Muchos están ciegos, discapacitados y en el hospital sufriendo las causas de esta injusticia. Esta transnacional ha golpeado muy duro a la salud de estos ex trabajadores”, agregaron. “Cuando los supuestos arreglos, Coca Cola prometió seguridad social a los trabajadores en condición de vejez. Pidieron que buscáramos la data pero eso quedó en nada, fue una mentira más”. “Quedamos amarrados de manos porque la Sala Constitucional no admitió un recurso de admisión. Sin embargo, continuaremos asistiendo al Ministerio del Trabajo porque allí hay funcionarios honestos que quieren hacer justicia social”, agregaron. CONTINUAREMOS EN LA LUCHA “Queremos hacer un llamado de unidad de todos los ex trabajadores afectados para que continuemos juntos en esta lucha y así podamos conseguir el pago de nuestras prestaciones sociales”, afirmó Riger Salcedo. “Hay un tema social que existe en esta problemática. Muchas personas que trabajaron veinticinco y treinta años, no se les cancelaron sus prestaciones sociales y, por ende, actualmente se encuentran en condiciones bastante críticas: sin seguridad social y con una vida muy precaria porque no cuentan con ningún tipo de ingresos para subsistir. Muchas son personas de la tercera edad que necesitan una solución inmediata. Es por ello que insistimos en esta lucha”, afirmó Diógenes Escalante, trabajador de la embotelladora durante tres años en Calabozo, estado Guárico. p