El Instituto Nacional de Tierras determinó que las 3,6 hectáreas que ocupa la familia Quintero en Caruao y las 3.200 hectáreas del pueblo de Osma, que hasta ahora eran aprovechadas por la empresa Urcosa, son propiedad de la Nación. En lo sucesivo se especificarán las condiciones de uso del terreno. El presidente del Consejo Legislativo de Vargas, José Félix Valera, explicó que en una reunión realizada ayer en la Vicepresidencia de la República, el INTI se pronunció sobre las ocupaciones de los terrenos llevadas a cabo recientemente por pobladores de la parroquia Caruao. Así, se decidió que los documentos de propiedad que esgrimen los Quintero y la empresa Urcosa no tienen ninguna validez, y por tanto las parcelas ocupadas les serán cedidas a los consejos comunales de la zona. "Al revisar el tracto sucesoral de la propiedad de los terrenos quedó en evidencia que los supuestos dueños no pueden demostrar la legitimidad de los documentos que poseen. En el caso de la familia Quintero, ellos tienen un título que les permite el usufructo de la parcela, y se les reconocerán las bienhechurías, pero los terrenos no les pertenecen", detalló Valera. Tanto los Quintero como Urcosa poseen documentos expedidos por el Instituto Agrario Nacional, pero el INTI indicó que debieron ser validados ante esta institución para que pudieran tener vigencia. En vista de que ese trámite no se cumplió, los papeles perdieron valor. También se dijo que los padres de Valentina Quintero podrán seguir viviendo en el área de La Guachafita cercada, pues se les reconoce la bienhechuría, pero la parcela de casi una hectárea adyacente a la casa podrá ser aprovechada por los ocupantes. Ayer, en Caruao, el consultor jurídico de la alcaldía de Vargas, José Manuel López, explicó a los miembros de la comunidad que las áreas en reclamo han sido recuperadas para que sean utilizadas por los verdaderos propietarios, es decir, el pueblo. Pero no se puede disponer de las tierras hasta tanto el Ministerio del Ambiente y el INTI realicen un procedimiento administrativo que determinará los usos permitidos para esas áreas. "Sea para construir casas o para siembra, esos terrenos les pertenecen. Pero debemos esperar que se defina si en esos sitios se cometió algún delito ambiental", sentenció. Valera detalló que, en este caso, los permisos otorgados por la alcaldía de Vargas, el Ministerio del Ambiente o cualquier otro ente, sobre la base de la supuesta propiedad de los terrenos afectados por la medida, quedan suspendidos y los que hayan sido otorgados carecen de validez. El procurador de Vargas, Pedro Rodríguez, dijo a los Quintero que la decisión final se les informará el viernes; pero a los pobladores, presentes en la reunión, se les indicó que se trataba de una respuesta definitiva y que tomarán en cuenta los 16 consejos comunales de la zona para definir el aprovechamiento de las tierras. Afectados y beneficiados. Tony, Ana Carlota y Antonio Quintero, padre, madre y hermano de la periodista Valentina Quintero, respectivamente, se mostraron desconcertados por la noticia, pero esperarán a que les informen oficialmente sobre la medida para decidir qué harán. Adelantaron que, de ser definitiva la decisión, cumplirán con los requisitos que les exijan para seguir viviendo en La Guachafita. Adalberto Cardona, miembro del Consejo Comunal de Osma, declaró que la determinación del gobierno los llena de satisfacción y asumen el compromiso de distribuir con responsabilidad y visión de futuro las tierras recuperadas por la Nación, a favor de los residentes de la parroquia.