En su memoria y cuenta la Fiscal General pidió una reforma al Código Penal Venezolano y aseguró que el 82% de los delitos son por armas de fuego
Redacción La Razón
La Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz presentó ante la Asamblea Nacional el informe de gestión 2015 del Ministerio Público. Según las cifras proporcionadas durante su intervención los homicidios intencionales alcanzaron un total de 17.778 casos, lo que representa un índice de 58,1 muertes por cada cien mil habitantes.
«Tenemos un problema grave en este sentido. El 82% de los delitos de homicidio se produjeron por armas de fuego, lo que asocia a la violencia extrema se encuentra asociada a la presencia de armas de fuego. El desarme de la población sigue siendo un objetivo que debemos lograr a través de un diálogo», aseguró la Fiscal sobre las cifras de homicidio. Además, de asegurar, que asume todos los errores de su gestión frente al Ministerio Público.
Sin embargo, expresó que «es equívoco mostrar los índices de impunidad con cálculos tan simples» en relación al informe divulgado por una ONG mexicana que ubicaba a dos ciudades venezolanas entre las cinco más violentas del mundo.
en promedio fueron asesinadas 49 personas diarias en 2015
Las cifras dadas en homicidios dolosos o intencionales también contrasta con la tasa revelada por el Observatorio Venezolano de Violencia a finales de 2015, cuando ubicó el índice de muertes violentas en 90 fallecidos por cada cien mil habitantes (27.875 homicidios en el año).
En el informe disponible a través de la página web del ministerio se puede observar las entidades con mayor porcentaje de homicidios, ubicándose el área metropolitana de Caracas en el primer lugar con 16,7% de los casos, seguida por el estado Miranda (12,7%) y Carabobo (11,4%).
Durante su discurso Ortega Díaz apuntó que se desarrollan 11.528 investigaciones por tenencia ilegal de armamento, de las cuales unas 59 investigaciones corresponden a tenencia de granadas y 36 por porte de armas largas.
Asimismo, calificó como «alarmante» la cantidad de cuerpos policiales que participan en delitos, aunque no especificó cantidad de investigaciones al respecto y ni cuerpos a los que pertenecen los funcionarios de seguridad.
Delitos de corrupción superan los tres mil casos
Según las cifras dadas, el Ministerio Público en el año 2015 realizó 7.859 investigaciones por corrupción y acusó a 3.119 personas por estos delitos.
Luis Ortega Díaz hizo referencia al caso de la contratación fraudulenta de Corpoelec a empresas españolas, por el que se ordenó la detención de los ciudadanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado, y a la investigación abierta al ex presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel, de quien aseguró «no vamos a pedir la extradición».
La Fiscal también detalló la investigación a la ex ministra de Salud, Eugenia Sader, y la orden de aprehensión de su hijo por peculado doloso propio por sobregiro presupuestario. De igual forma se anunció que 1.450 personas fueron acusadas por obtención fraudulenta de divisas.
Derechos Humanos
Durante el 2015 se trataron 19.816 acusaciones por delitos de género, de los cuales 121 fueron homicidios y 132 femicidios frustrados. «En mi gestión los sectores más vulnerables han sido prioridad y los delitos de género se han vuelto el segundo grupo de delitos de mayor recurrencia», aseguró Ortega Díaz.
La Fiscal también afirmó que el Ministerio Público en su labor de «garante de los Derechos Humanos» imputó a 1312 funcionarios y se acusaron 939. De estos eventos, 29 han sido acusaciones por tortura y 513 por tratos crueles.
«Cada uno de los privados de libertad por los sucesos violentos en 2014 han sido procesados producto de investigaciones serias y objetivas, se les han respetado los Derechos Humanos», afirmó.
Defensa de Derechos Humanos dejó 513 funcionarios acusados por tratos crueles
Otras de las cifras reveladas fueron los delitos sobre niños, niñas y adolescentes de los que se manejaron 19.779 acusaciones. También mencionó casos de 21.000 personas puestas ante la fiscalía por tenencia de drogas, entre los que destacó los casos de los directivos de la empresa Solid Show y el avión de Airfrance con 1.300 kilos de cocaína.
La Fiscal General terminó su intervención solicitando ante los parlamentarios el trabajo de una reforma del Código Penal Venezolano orientada hacia la certeza de la pena.
