, ,

Las acciones de la Asamblea Nacional están reservadas a lo que les interesa

6 meses AN

A partir del discurso del Presidente de la Asamblea, el Poder Legislativo se dedicó prioritariamente a polarizar aún más con el Gobierno el escenario político venezolano


Luis Fuenmayor Toro

La Asamblea Nacional tiene claramente definidas sus funciones en la Constitución Nacional. Es el primero de los poderes, a pesar del presidencialismo constitucional, y el sitio para el debate y la discusión política por excelencia, no sólo de las fuerzas partidistas nacionales sino de la sociedad toda: obreros, campesinos, empresarios, profesionales, trabajadores independientes, artesanos, artistas, e instituciones, directamente o a través de organizaciones que los representen. Controla al resto de los poderes y participa decisivamente en la integración de los mismos.

No es para menos, es el producto directo y en principio plural de la voluntad popular expresada a través de elecciones universales, directas y secretas, donde deberían estar representadas todas las fuerzas políticas e ideológicas del país, que tuvieran el respaldo popular necesario como para elegir un diputado. Éste, u otro en este sentido, debería ser el criterio del límite de representación posible de las fuerzas políticas en la AN.

No está dentro de las funciones de la Asamblea el impulso del referéndum revocatorio contra ningún funcionario, sin menoscabo de las funciones contraloras sobre el Ejecutivo Nacional, que la pueden llevar a censurar al Vicepresidente Ejecutivo y a los ministros de la República o a declarar la falta absoluta del Presidente de la República en el caso claramente establecido en la Constitución. La alocución inicial de Ramos Allup ante la AN, en la que afirmó que se trabajaría para sacar del poder al presidente Maduro, fue inconstitucional.

El impulso del referendo revocatorio es un derecho de Ramos Allup como ciudadano, como político, como jefe del partido Acción Democrática; si el discurso hubiese sido hecho ante la dirección de su partido o ante sus militantes y simpatizantes o ante una manifestación convocada por la MUD, hubiera estado bien, pero no ante la Asamblea luego de jurar “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la república”.

La alocución inicial de Ramos Allup ante la AN fue inconstitucional

Lo anterior no justifica, sin embargo, el desconocimiento inconstitucional hecho por el Ejecutivo, en complicidad con el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, de las decisiones y leyes aprobadas por la AN y, mucho menos, la delirante locura del liderazgo chaveco de que, luego de la incorporación ajustada a la Constitución de los diputados del estado Amazonas, ninguna decisión de la AN es válida.

Diputado es diputado, con todas sus prerrogativas, una vez proclamado por el Consejo Nacional Electoral y estos diputados ya habían sido incluso incorporados en su oportunidad a la Asamblea. Lo que habría que preguntarse es por qué la MUD en la AN los desincorporó, cuando claramente perdía las dos terceras partes de los votos y además les violaba sus derechos y los del pueblo amazonense que los eligió, y por qué ellos mismos aceptaron esa desincorporación.

Lo que no deja dudas es que a partir del discurso del Presidente de la Asamblea, el Poder Legislativo se dedicó prioritariamente a polarizar aún más con el Gobierno el escenario político venezolano, algo muy conveniente a los intereses de ambos, que quieren perpetuarse como únicos actores en el país.

Parte de lo que vemos es una comedia, o peor, una tragicomedia, dónde la parte trágica la pone el pueblo venezolano y la cómica la MUD y en forma destacada el Gobierno. Sus acciones están reservadas a lo que les interesa y más nada y, en este sentido, conversan y llegan a acuerdos que no divulgan, que esconden, para evitar el desprestigio ante sus fanáticos seguidores. Pactaron, y lo presento como simple ejemplo, la integración del Parlatino y del Parlasur a espaldas de los venezolanos y saltándose la propia Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), que obliga a la realización de una elección universal, directa y secreta para el caso.

Pactaron la integración del Parlatino y del Parlasur a espaldas de los venezolanos

Le hemos propuesto a la AN, en carta firmada por varias organizaciones, que modifique la LOPRE e incorpore la proporcionalidad electoral constitucional, lo que haría que otras fuerzas políticas estuvieran en todos los órganos de representación, dándoles un carácter más plural, democrático y participativo. Nada nos ha respondido, pues la MUD, mayoritaria en la AN, apoya el sistema electoral mayoritario excluyente ideado por Chávez, como base legal de la polarización.

Le propusimos que modificara la legislación sobre partidos políticos, para permitir legalizar a quienes participaron en las elecciones pasadas, y a los que solicitaren su creación, sin las trabas puestas por el Consejo Nacional Electoral. Esta medida incluiría al Polo Patriótico y a la MUD, a quienes no estuvieron con ellos y a nuevos actores como los desprendidos del PSUV. Elevaría la participación plural, muy conveniente en situaciones como la actual. No se nos contestó; no les interesa.
Es urgente proteger al país de la entrega inconstitucional de sus riquezas, por parte de un gobierno que dejó de representar sus intereses y que hipoteca su futuro, con la firma de contratos leoninos que luego no podrán ser revertidos sin costos elevadísimos para nuestro pueblo.Hoy propongo públicamente que la AN acuerde en plenaria un documento bien sustentado, a ser enviado a todas las empresas transnacionales de la Faja Petrolera y del Arco Minero, así como a todas las instancias internacionales pertinentes (tribunales arbitrales, bolsas de valores del mundo, organismos de la ONU, la OEA, UNASUR, CELAC, comunidad europea y los gobiernos de los países sedes de estas empresas), que señale con claridad y firmeza, que las contrataciones firmadas por el Ejecutivo con empresas extranjeras sólo tienen validez, si los contratos gozan de la aprobación previa de la AN, tal y como lo establecen los artículos 150 y 187, numeral 9, de la Constitución de nuestra República.

Esta propuesta debería ser asumida por todos los que quieran a Venezuela.