, ,

El militarismo chavista en el poder

militarismo-venezuela

Bajo los regímenes dictatoriales de Gómez y Pérez Jiménez la Fuerza Armada Nacional (FAN) también se arrogó el derecho a intervenir directa y autoritariamente en los asuntos públicos del país


Oscar Battaglini

A medida que el chávezmadurismo ha venido perdiendo fuerza en el seno de la sociedad venezolana, en esa misma medida se ha ido acentuando en su comportamiento político el militarismo que le es consustancial y que hoy exhibe de manera provocadora. Evidencia de esto son, entre otras cosas, las siguientes:

1.- El hecho de que la fuerza armada chavista se haya colocado abiertamente como un actor deliberante y activo en la dirección política de la sociedad venezolana.

2.- La creciente designación —como parte de lo anterior— de oficiales chavistas activos y en situación de retiro en el cumplimiento de numerosas funciones político administrativas de carácter gubernamental, siendo una de las últimas o más recientes, la designación hecha directamente por Maduro de Padrino López y un número considerable de oficiales de la fuerza armada chavista, para que se ocupen directamente de la distribución y comercialización de bienes alimenticios y económicos en general.

3.- La manga ancha que se les ha hecho a los miembros de esa logia para que intervengan directamente en la vida política nacional, violando de manera flagrante los contenidos que a este respecto prohíbe la Constitución de la República de Venezuela, como lo es la participación de oficiales activos en la vida política del país. Frente a las justificadas críticas que esta conducta contumaz ha concitado, Padrino López, actual ministro de la Defensa, ha respondido que ello se debe a que quienes formulan estas críticas son personas que se quedaron en el pasado y que por lo tanto no entienden los signos de los nuevos tiempos. Según esa versión él y el grupo de militares que representa, pueden violar la Constitución sin que de ello deriven consecuencias legales y administrativas. Sólo la prepotencia y la zafiedad militaristas pueden esgrimirse como justificación de semejante arbitrariedad.

En todo caso esta conducta guarda estrecha relación con lo ocurrido en nuestro país bajo los regímenes dictatoriales de Gómez y Pérez Jiménez, cuando la Fuerza Armada Nacional (FAN) creada por Cipriano Castro, se arrogó el derecho a intervenir directa y autoritariamente en los asuntos públicos del país.

Ahora como entonces, el militarismo chavista aparece como la representación concentrada del poder político en Venezuela. Esto es lo que hace que el actual aparato estatal venezolano continúe expresando lo que ha sido hasta ahora una de sus características principales: la más completa identificación con el elemento militar; y esto, como todos sabemos, ha tenido un efecto nefasto en la historia política de nuestro país. Tanto es así que la creación por Castro de la FAN, y el papel cumplido por ese estamento armado primero bajo su mandato y luego bajo el de Gómez, le costó a nuestro país una dictadura militar compartida de 36 años durante los cuales desapareció todo vestigio de democracia. Período en el que las cárceles de Venezuela (verdaderas mazmorras medievales) se llenaron de presos políticos que eran exterminados sistemáticamente mediante los procedimientos más crueles y primitivos, etapa en la que el petróleo venezolano fue objeto de la entrega más antinacional y vergonzosa al capital extranjero angloamericano. Todo esto con la anuencia del apogeo de la fuerza militar creada y promovida por ambos dictadores.

Con la muerte de Gómez en diciembre de 1935, y el advenimiento al poder de López Contreras, casi nada cambió. La FAN gomecista continuó siendo un factor de poder de primer plano. Ciertamente se impuso una suerte de “apertura democrática” que se veía forzada a permitir el ejercicio de algunos derechos políticos a los sectores mayoritarios de la población, pero que en lo fundamental, reprimía con la mayor severidad cualquier manifestación pública dirigida al establecimiento pleno de la democracia en el país. En lo económico, el petróleo continuó siendo entregado al capital extranjero en los mismos términos en los que lo habían hecho Castro y Gómez. Con Medina Angarita se trató de revertir toda esa situación. Se le abrió un amplio cauce a la democracia. Se dieron firmes pasos dirigidos a reivindicar en sentido nacionalista, la riqueza petrolera, entre otros, se intentó liquidar la deformación rentística que había adoptado la economía nacional, así mismo se intentó ponerle fin a la injerencia que la FAN tenía en la determinación de la vida política del país, etcétera. Pero todo eso se vería frustrado por el golpe de Estado del 18 de octubre de 1945, ejecutado por el Ejército en complicidad con Rómulo Betancourt y su partido Acción Democrática.

Con el Gobierno surgido de ese golpe de Estado, se incrementó el militarismo introducido por el gomecismo en la estructura y la dinámica de la sociedad venezolana; lo que significó un retorno a la política de entrega de nuestro petróleo al capital extranjero, y se instituyó un régimen político que dio inicio a la gigantesca manipulación clientelar (populismo) que desde ese momento conocimos los venezolanos.

Con la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, el militarismo asumió de nuevo y de manera directa, la dirección. Bajo su mandato fue prescrito todo signo democrático y se produjo un retornó a la más cruel represión; las cárceles se llenaron de nuevos presos políticos; la riqueza petrolera del país continuó siendo entregada sin traba y sin medida a los monopolios petroleros internacionales.

Con la caída de la dictadura militar el 23 de enero de 1958, una vez más se pensó que se planteaba de nuevo la posibilidad de que el país entrara en una fase política de superación de las condiciones que históricamente habían bloqueado su desarrollo socioeconómico, político y cultural. No fue así.

El Pacto de Punto Fijo, convenido por los distintos factores de poder de entonces, una vez restituido el orden quebrantado por la emergencia popular del 23 de enero, se dedicó a implementar nuevos lineamientos en perjuicio de los intereses nacionales y de los sectores populares que con su decidida participación en las acciones de calle de aquella fecha dieron al traste con la dictadura militar.

Durante la vigencia del Pacto de Punto Fijo (40 años), el país permaneció reproduciendo todas las aberraciones que había acumulado a lo largo de su proceso histórico:

1.- La de ser un país que alberga en su seno una sociedad regida por minorías (por élites) oligárquicas dueñas de toda clase de bienes terrenales (materiales y culturales).

2.- El subdesarrollo económico que condena a la pobreza endémica, a la precariedad y a la mediocridad existencial.

3.- La dependencia en todas sus formas (económica, científica, tecnológica, etcétera).

4.- El surgimiento de un Estado que con un ropaje pseudodemocrático, continuó siendo autoritario y al servicio de las oligarquías enquistadas en el poder.

5.- Un militarismo agresivo e intrusivo, que terminó constituyéndose en el soporte fundamental del orden imperante.

Cuando se produce el agotamiento y el derrumbe del modelo puntofijista con el advenimiento del chavismo al poder, fueron muchas las expectativas que se plantearon en torno a la posibilidad de revertir la situación existente a favor de las mayorías populares. Vana ilusión.

El chavismo en el poder no sólo ha reproducido todas las aberraciones aquí referidas, sino que lo ha hecho mediante la implementación de un militarismo igualmente agresivo, provocador y zafio que, como en el pasado, se ha constituido en la base político-institucional del régimen chavezmadurista, que no sólo ha inoculado en el ánimo de los venezolanos el sentido de la frustración y la indignidad, sino que ha forzado a una inmensa mayoría de la población a vivir en medio de una situación regida por el miedo, la incertidumbre y la desesperación, razones por las que al mismo tiempo en el seno de esa población se ha intensificado la inquebrantable determinación de poner fin a este régimen, de la misma forma como lo convirtió en una ínfima minoría burocrática, en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015.