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Esbrutal y despiadada violación de los derechos humanos y políticos de los venezolanos
Oscar Battaglini
Venezuela ha permanecido gobernada durante casi veinte años por una camarilla burocrática civil-militar, inepta, corrupta, mentirosa y despótica. A esos rasgos, que constituyen básicamente su naturaleza, se debe:
1- la ruina a la que ha sido conducida la economía nacional;
2- el estado de postración y total empobrecimiento al que ha sido sometida la inmensa mayoría de la población; situación que tiene entre sus principales manifestaciones: una escasez de alimentos y medicinas que condena a esa inmensa mayoría a morir de hambre y de enfermedades curables; una hiperinflación que ya sobrepasa el 2000% y se calcula que en el curso de esta año alcanzará la astronómica cifra de 13.000 %;
3- una apropiación delictiva (robo) de los bienes públicos que al no poderse ocultar o disimular más, ha obligado a la dictadura a “denunciarla” mediante la conocida maniobra tramposa de la “huida hacia adelante”, con la cual dicha camarilla pretende seguir encubriendo los latrocinios que ha cometido a lo largo de estas casi dos décadas;
4- la mentira y la simulación permanente usadas sistemáticamente para tratar de ocultar la grave crisis que hoy padecemos los venezolanos; la extrema debilidad política que la carcome internamente, y para aparentar o fingir razones que no tienen frente a quienes se le oponen dentro como fuera del país;
5- la brutal y despiadada violación de los derechos humanos y políticos de los venezolanos cuya demostraciones más palpables son, entre otras: las muertes (aproximadamente 200) provocadas por el gobierno dictatorial en las manifestaciones de calle llevadas a cabo por la ciudadanía en contra de la conculcación de los derechos democráticos y constitucionales de los venezolanos durante los años 2014, 2017 y en la masacre de El Junquito de este mismo año (hechos por los que este gobierno y sus representantes más conspicuos están siendo investigados y procesados por la Corte Penal Internacional); la flagrante violación de la Constitución de la República, particularmente en todo lo relacionado con el régimen y la normativa electoral establecida en el país.
Es en este ámbito –y en el del TSJ- donde la descomposición o el grado de degeneración de la estructura político – institucional del Estado, ha sido manifiesta durante la dominación del régimen dictatorial chavezmadurista; proceso que, sin duda, ha experimentado una mayor aceleración bajo el actual régimen militarista de Maduro-Padrino López, debido fundamentalmente a la progresiva pérdida de legitimidad (pérdida de consenso) del mismo; hecho este que no sólo lo ha convertido en una minoría política y electoral, sino que dada su condición y composición social (propia de un populacho de desclasados acostumbrados a actuar al margen de la ley y de la Constitución, y, dada su alta propensión militarista) no ha tenido ningún reparo ni escrúpulo en echar mano de los únicos recursos de los que, en las condiciones actuales dispone para tratar desesperadamente de mantenerse en el poder: la represión mediante la violencia militarista y el fraude electoral, que, como todo el mundo sabe, es lo que el gobierno de Maduro-Padrino López ha venido haciendo en los últimos años.
Eso es lo que explica el alto grado de criminalidad que hoy exhibe la política de orden público del gobierno y los fraudes electorales que ha venido ejecutando con la complicidad del actual CNE, el TSJ, la Fiscalía y el fiscal accidental del Psuv, la Contraloría General, la Defensoría del gobierno y el “plan república” de Remigio Ceballos, que se ha venido destacando como uno de los más fervorosos militares al servicio de Maduro – Padrino López, como en los viejos tiempos de Gómez – López Contreras, Pérez Jiménez – Betancourt, de lo cual nos informa debidamente la historia contemporánea de Venezuela; práctica esta que, como se sabe, tuvo como resultado la proscripción de la democracia, con un crecido número de asesinatos, presos y expulsados políticos de partidos ilegalizados; con la violación sistemática de los derechos humanos etc, que es lo mismo que ocurre actualmente en nuestro país, pero con una diferencia: ahora los dictadores no pueden proscribir la democracia y oprimir a sus respectivas sociedades impunemente y sin que el mundo se conmueva, se interese y tome acciones económicas e iniciativas políticas en este sentido.
Esto es precisamente lo que está ocurriendo en relación con el caso venezolano. A eso se deben las sanciones que les han sido impuestas al régimen dictatorial y a muchos de sus representantes. A eso se debe fundamentalmente la condena que han hecho la mayoría de los países que componen la comunidad internacional, a eso se debe la reciente declaración del Grupo de Lima, en la que se rechaza: 1- el adelanto de las elecciones y la farsa eleccionaria que de nuevo pretende ejecutar el gobierno; 2- la realización de unas elecciones sin la plena participación delos partidos políticos y sus principales dirigentes; 3- un CNE bajo control del gobierno; 4- con presos políticos; sin observación internacional confiable; en medio de un cuadro crítico represivo y de hambre, etc.
