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Fuente AP
El activista Alonso Medina Roa, uno de los defensores del militar fallecido, dijo a la prensa que llevarán a instancias internacionales el caso para actuar contra el Estado venezolano, al que señalaron de incumplir el mandato constitucional de garantizar la seguridad de los detenidos.
El anuncio se produjo un día después de que un tribunal capitalino ordenó la detención de un teniente y un sargento de la Guardia Nacional, que laboran para la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), acusados de ser los presuntos responsables de la muerte del militar.
Ambos, de 23 y 22 años, fueron imputados por la Fiscalía General del delito de homicidio preterintencional y se estableció como su lugar de reclusión la sede de la DGCIM.
Medina Roa condenó que la Fiscalía General no incluyera el delito de tortura en las imputaciones a los dos guardias nacionales e indicó que con esa medida se busca “evitar cualquier acción contra el Estado venezolano”.
A las puertas del Palacio de Justicia el activista anunció que ejercerá acciones judiciales contra los funcionarios que participaron en las supuestas torturas a Acosta Arévalo y pedirá que se investigue la cadena de mando del DGCIM que tuvo a su cargo la detención del oficial fallecido y su custodia.
El capitán de corbeta, que estaba procesado por su presunta vinculación con un complot contra el gobierno, murió el sábado en un hospital militar tras ser presentado en un tribunal a donde llegó en silla de ruedas debido a que no podía movilizarse y con múltiples escoriaciones y hematomas en el cuerpo, relató uno de sus abogados.
