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Raún Gorrín Belisario vive en una lujosa mansión en la urbanización Cerro Verde, al este de Caracas, bajo la protección del dictador Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), a través de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) ratificó el pasado 15 de enero que el empresario Raúl Gorrín Belisario, presidente del canal de noticias Globovisión y la empresa Seguros La Vitalicia, fue incorporado dentro de la lista de los más buscados por el gobierno estadounidense «por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y varios cargos de lavado de activos».
En noviembre de 2019 se hizo el anuncio oficial de la búsqueda que adelanta ese organismo de EEUU contra el empresario venezolano, quien desde 16 de agosto de 2017 tiene abiertos nueve cargos por lavado de dinero y uno, por parte del tribunal del Distrito Sur de Florida, por conspiración para realizar lavado de dinero. Gorrín vive en una lujosa mansión en la urbanización Cerro Verde, al este de Caracas, bajo la protección del dictador Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, sus presuntos socios en varias actividades financieras. En su mansión, Gorrín recibe a los más altos funcionarios de la “revolución” bolivariana, civiles y militares, así como a algunos miembros de la oposición que figurarían en su “nómina” secreta.
El portal de ICE explicó que la orden de búsqueda contra Gorrín se dio luego de que se diera a la fuga de la justicia luego de ser acusado en 2017 por los mencionados delitos.
Según la página del servicio migratorio, Gorrín habría pagado «millones de dólares» en sobornos a dos altos funcionarios del régimen venezolano para así obtener derechos para efectuar transacciones de cambio de divisas con tasas favorables para la administración de Nicolás Maduro. Uno de los funcionarios es el teniente Alejandro Andrade Cedeño, quien paga condena de diez años en Estados Unidos. El militar fue escolta y miembro del círculo más íntimo del difunto Hugo Chávez, extesorero nacional y socio de Gorrín. El otro funcionario es la extesorera nacional Claudia Patricia Díaz Guillén, exenfermera del finado líder de la “revolución” bolivariana, actualmente procesada por la justicia española, que ha negado su extradición a Estados Unidos.
Se le acusa además de haber «comprado y pagado» los gastos de estas personas al comprar caballos, residencias, relojes y vehículos de lujo, ocultando los pagos con «empresas fantasmas» y que además se habría asociado para la compra del Banco Peravia en República Dominicana, como estrategia para «para blanquear los sobornos pagados a funcionarios venezolanos y las ganancias del esquema».
En octubre de 2019, tres inmuebles propiedad de Raúl Gorrín Belisario fueron congelados por las autoridades españolas dentro de la investigación que se adelanta en España y Estados Unidos (EEUU) en torno a una trama de lavado de dinero relacionada con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). De acuerdo a las autoridades norteamericanas, Gorrín tendría otros bienes inmuebles en el estado de la Florida a nombre de varias personas de su confianza, algunos de ellos dirigentes políticos, periodistas y artistas.
